No es una noticia sobre Venezuela ni sobre Cuba, tampoco es una orden dada por algún tirano presidente o un dictador. Se trata de una determinación judicial que, bajo la lectura jurídico-política, constituye una amenaza a la libertad de expresión y una decisión que afecta a un candidato en especial además de los millones de usuarios de la plataforma de mensajería que presume mayor seguridad que el propio WhatsApp.

El cierre repentino de la popular plataforma de mensajería Telegram en España desató una ola de preocupación sobre el estado de la libertad de expresión en el país, justo en el umbral de las elecciones europeas programadas para el 9 de junio.

Contexto: El Juez Santiago Pedraz ordenó suspender el acceso a esta red social a las empresas operadoras de telecomunicaciones como Atresmedia, Mediaset y Movistar, a través de bloquear el acceso desde cualquier dispositivo conectado a la red desde ese país.

Las columnas más leídas de hoy

Hasta altas horas de la noche del domingo, el servicio de Telegram continuaba normal, mientras que ese país debatía acaloradamente sobre los límites de la libertad de expresión. Supuestamente, el bloqueo entraría en vigor este lunes.

¿Pedro Sánchez, el presidente de la izquierda VS Telegram?

El punto es que, al igual que en México se cuestiona la independencia y criterios del Poder Judicial, en España se ha sugerido que el contexto electoral influyó en la determinación, aunque técnicamente, todas las determinaciones han sido realizadas según los tiempos para atender una denuncia por infracción de propiedad intelectual realizada por empresas terceras. O sea, que la ley de ese país ampara la decisión del juez sin que eso tenga directamente que ver con el presidente del gobierno de España.

La suspensión de esta plataforma, que según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es usada por cerca de 8.5 millones de usuarios, no solo suscitó dudas sobre la motivación en la toma de decisiones judiciales, sino que también pone en tela de juicio el derecho fundamental de los ciudadanos a expresar sus opiniones de forma libre y abierta.

También puedes leer

Desde quienes advierten la tensión política, sugieren que esta medida podría tener relación con las denuncias sobre actos de corrupción que realiza el candidato joven e influencer de 33 años, Luis Alvise Pérez, quien tiene más de 300 mil seguidores en un canal de Telegram y se identifica con la ultraderecha. “Alvise” también ha sido condenado anteriormente por agresiones digitales en contra de mujeres periodistas y políticas.

Este personaje competirá contra el partido más conservador de España, “Vox” De Santiago Abascal, para obtener un escaño en el Parlamento Europeo y ha sido expulsado de casi todos los partidos y medios, por lo que es considerado un “outsider” en el contexto electoral. Pero volvamos al litigio que originó esta medida.

Telegram difunde contenido sin derechos sobre el mismo.  ¿O son sus usuarios quienes lo hacen?

La justificación legal para el intento por cerrar Telegram, presentada como una “medida cautelar en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual”, se relaciona con que a través de esta plataforma se distribuye material que infringe la propiedad intelectual y derechos de autor, que según la ley de ese país, es un delito ante el que se permite imponer medidas de este nivel siempre que a través del mismo, se difundan preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual. El tema es que Telegram no es una página y sus programadores no son editores que permitan la publicación o el envío de la información, sino que es una aplicación de mensajería en la que cualquier usuario comparte lo que gusta a uno o más usuarios.

Justo la ventaja de Telegram es que sus conversaciones son encriptadas totalmente, o sea, que Telegram ofrece completa discreción ya que ni siquiera los desarrolladores de la aplicación pueden acceder, ver, controlar y mucho menos borrar o sancionar el contenido que se comparte entre usuarios. Menos al tratarse de grupos que son canales de difusión masiva.

Es importante aclarar que esto no es una sentencia definitiva, sino una llamada de atención ya que Telegram Group Inc., empresa registrada y constituida en las Islas Vírgenes Británicas por unos hermanos rusos desafiantes de los Gobiernos y los Estados, había dejado de responder al requerimiento de información en el juicio. Es decir que Telegram se ha sentido intocable y desde la función ejemplar del derecho, es posible que aquel juez simplemente decidiera aplicar la ley para poner en evidencia que el Estado manda.

Al final, Telegram no será bloqueado en España pues la Audiencia Nacional ha suspendido el bloqueo, pero el debate sigue vivo.

El intento de cierre de Telegram en España plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto se puede sacrificar la libertad de expresión en aras de proteger los intereses comerciales y legales de algunas empresas? La decisión del juez y la respuesta de las autoridades frente a esta situación serán cruciales para determinar el futuro de la democracia y los derechos tecnológicos en un momento global en el que la privacidad al igual que la transparencia y la rendición de cuentas son más importantes que nunca.