La seguridad en el ciberespacio, su prevalencia y garantía, son cuestiones que nos atañen a todas y todos, personas en lo individual, sociedad civil organizada, corporaciones e instituciones públicas, académicas y de todo tipo, con independencia de su origen o ubicación en el mundo.

Ello, porque para este punto, como civilización, ya nos quedan o han quedado claras, dos cosas:

La primera es que, al margen de nuestras limitaciones y ataduras corporales relacionadas con una determinada geografía, el ciberespacio es el locus, el escenario o la ubicación virtual que se encuentra en la palma de nuestras manos, que cuenta con alcances globales y en la que a diario, en tiempo real y con los más diversos fines, actores sociales, individuales y colectivos, convivimos e interactuamos.

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La segunda claridad que hoy tenemos es que lo que ocurre en el ciberespacio no solo se queda en dicha ubicación virtual, sino que trasciende al mundo material. Ello, en muy diferentes modos tanto útiles y positivos, como en consecuencias negativas para las personas que van desde intrusiones en su ámbito privado e íntimo, afectaciones patrimoniales y, en muchos casos, hasta violaciones a derechos humanos, discriminación o atentados contra la integridad, la seguridad y la vida de las personas o grupos específicos de ellas.

Esta segunda claridad apuntada, nos ha puesto en la cara y nos ha hecho visibilizar cada vez más, el hecho de que la protección de los datos personales es un derecho humano de la mayor relevancia en este siglo y en el marco de esta economía de datos que delinea nuestras vidas y para la cual somos un activo más.

En un contexto en el que los andamiajes tecnológicos en forma de hardware y software se encuentran en todos lados, los mismos, en realidad, acaban encontrándose en ninguno, ello por virtud de la lógica de redes y plataformas interconectadas que describen la arquitectura, el diseño y el funcionamiento de internet y en la que diversos agentes tratan y transfieren datos con alcances transfronterizos.

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Lo anterior resulta en muchas ocasiones en la imposibilidad para las personas de ejercer los controles necesarios en esta materia tan relevante, como lo es su autodeterminación informativa y la protección de sus datos personales.

En congruencia con la idea de confluencia integral y corresponsabilidad planteada al inicio de estas líneas y, que a todas y todos nos corresponde, me parece que podemos y debemos aprovecharnos de que, en adición a nuestros contenidos normativos nacionales, existen diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que, en tal sentido, forman parte de nuestro orden jurídico constitucional (Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981 y el T- MEC).

Tales marcos normativos deben cobrar vigencia y reflejarse en la seguridad de cualquier tipo de información que circule en el ciberespacio, así como las homologaciones correspondientes de nuestra normativa e institucionalidad nacional.

Asimismo, hay otros tratados y convenios pendientes de suscripción y debida ratificación por nuestro país (Convenio 108+ de 2018), así como directrices y criterios orientadores en la materia producidos en otros países, mismos que debemos incorporar y usar como vehículos para dialogar al interior y con el exterior sobre el tema que hoy nos ocupa.

Quizás no hemos identificado los caminos alternativos en este tópico; mucho menos hay, ni encontraremos al margen de la comunidad internacional, soluciones o vías para administrar estos temas y la conflictiva social que de ellos surge.

El diálogo aludido, amplio, abierto, internacional e incluyente que se ocupe de atender tales cuestiones y garantizar razonablemente los derechos a la seguridad, protección de los datos personales y la autodeterminación informativa de las personas, requiere darse cuanto antes.

Detonémoslo y, sobre todo, participemos en él.

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX.