31 de julio de 2021 | 23:50
Opinión

Periodismo: espionaje, acoso y violencia

Proyecto Pegasus, se utilizó para intervenir ilegalmente los teléfonos de periodistas y activistas en México.
Como en muchas otras entidades del país, en Quintana Roo se analiza el asunto de la protección a los periodistas y activistas sociales
Compartir en

La publicación de la investigación Proyecto Pegasus, que confirma que desde el gobierno de México se utilizó este software israelí para intervenir ilegalmente los teléfonos de periodistas y activistas durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, si bien confirma lo que desde hace años ya se había dado a conocer, también exhibe la falta de garantías y las terribles condiciones en las que se ejerce el periodismo en nuestro país; sin que hasta el momento se hayan logrado avances significativos que fomenten la seguridad, integridad y la libertad de expresión de este gremio.

A más de un lustro del escándalo y con esta investigación periodística en curso, no ha habido ningún implicado, ningún ex funcionario ha sido acusado y mucho menos vinculado por este delito, la impunidad en todo su esplendor.

En ese mismo sexenio, hubo señalamientos de prácticas de censura a voces críticas al gobierno y también fueron asesinados 47 periodistas, un número muy similar al del sexenio de Felipe Calderón, en el que hubo 48 comunicadores que fueron privados de su vida y en donde también hay diversos ejemplos de censura y hostigamiento contra representantes de diversos medios.

De poco han servido estas cifras, las señales de alarma, y los reclamos de organismos incluso internacionales que han exhibido la falta de voluntad real por parte de la autoridad para remediar este problema; pocas políticas públicas se han implementado para garantizar la libre expresión y las buenas prácticas del periodismo. Pareciera más bien que como sociedad hemos perdido la capacidad de asombro ante las décadas de violencia que hemos vivido, y vemos este problema como algo normal que inevitablemente tendría que pasar.

Durante el gobierno del presidente López Obrador las cosas no han cambiado para bien, por el contrario, el nivel de violencia que se ejerce contra el gremio es sumamente alto; las cifras de crímenes contra periodistas esta en niveles equiparables a los sexenios anteriores, con la diferencia de que apenas vamos a la mitad de esta administración. Incluso el día de ayer se informaba del lamentable asesinato del periodista Abraham Mendoza en Michoacan.

Unas horas antes, en la conferencia mañanera, López Obrador abordaba el tema de Pegasus y aseguraba que el espionaje es una práctica que efectivamente se hizo en el pasado, pero que se erradicó durante su gobierno; y aunque no tenemos indicios para contradecir tal afirmación, si sería bueno precisar que las condiciones para el periodismo siguen siendo deplorables, y los mecanismos y políticas del gobierno totalmente insuficientes.

Además de preocuparse por su seguridad, hoy el periodista también es sujeto a la estigmatización, al señalamiento y a la crucifixión mediática si lo que dice o reporta no va en sintonía con lo que el gobierno, de cualquier orden, desea o conviene; más aún en el ámbito federal, en donde la presión política hacía los comunicadores ha aumentado más que nunca y se hace uso de los espacios públicos para criticar y señalar su trabajo.

Los ejemplos de estas prácticas los vemos desde la agencia de noticias del estado, Notimex, que bajo la dirección de la periodista San Juana Martínez, ha pasado de dar noticias a opiniones sesgadas carentes de todo rigor profesional. Lo mismo ocurre con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, las mañaneras con su sección de “Quién es Quién”, y algunas otras áreas en donde sus funcionarios no han podido entender que dejaron de ser oposición hace tiempo, y que los puestos y recursos que hoy ejercen no son de su partido sino del gobierno.

La labor del periodismo es fundamental en el desarrollo y consolidación de cualquier nación democrática, de ahí que la crisis que atraviesa el gremio debería de ser una exigencia y prioridad dentro de la agenda pública del país. Se debería fomentar una mayor apertura y participación, dar mayores garantías y buscar mecanismos de remuneración que permitan a los comunicadores hacer su labor libremente; de hecho, hay hasta partidas presupuestales para dicho fin, pero que por malas prácticas del pasado, ahora también se ha estigmatizado a estos recursos como el dichoso “chayote”.

Es así como nuestro país transita ante los ojos del mundo como un lugar en donde al periodista se le amenaza, juzga, señala y acosa. Mientras, nuestros gobiernos han sido incapaces de poner una verdadera solución al problema, ¿qué tendrá que pasar para que las cosas cambien?