El anuncio del presidente AMLO sobre el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena conlleva riesgos de la mayor importancia. A reserva de que la Suprema Corte declare eventualmente la inconstitucionalidad del decreto, el presidente mexicano ha franqueado una línea jamás superada por sus antecesores.

En perspectiva histórica, una de las grandes características del régimen pos revolucionario mexicano fue la continuidad de gobiernos civiles. A diferencia de otros países latinoamericanos, México se caracterizó por haber mantenido a las Fuerzas Armadas fuera de la vida pública nacional.

¿Gozábamos de un régimen democrático? Ciertamente no. El PRI, y con la llegada del primer presidente no surgido de las filas del ejército (Miguel Alemán) el país transitó de un régimen de caudillos hacia un canal institucional. Para ello, el PRI hizo uso de tácticas antidemocráticas que permitieron la victoria interrumpida de partido oficial hasta finales del siglo XX.

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Sin embargo, y a pesar de estas deficiencias democráticas auspiciadas por el PRI y por los presidentes en turno, México jamás ha sucumbido a un golpe de Estado y a un régimen militar, como fue el caso de un sinnúmero de países latinoamericanos tales como Chile, Argentina, entre otros. Los detractores del PRI argumentarán que este partido rompió las estructuras sociales del país. Quizá. Lo que sí es verdad es que el PRI, con su dictadura partidista, evitó que México siguiera los derroteros de América Latina.

Ahora AMLO camina hoy hacia otra dirección. Con la incorporación de la Guardia Nacional al mando de la Sedena, se producirá una militarización de los cuerpos civiles cuyas funciones estaban antes adscritas a la Policía Federal. Si el presidente consuma su intención, las Fuerzas Armadas tendrán una presencia en la vida pública jamás vista en la historia de México.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta nueva presencia militar? Sencillo. Miremos hacia lo ocurrido en España en años previos al alzamiento de 1936 y a la imposición del franquismo, o si se quiere, al intento de golpe de Estado de 1982. Y también, a las dictaduras militares chilena y argentina. En todos estos casos, las Fuerzas Armadas habían mantenido una presencia nacional en detrimento de las fuerzas civiles de seguridad.

De vuelta al caso mexicano, AMLO, con su decreto, pone en riesgo la estabilidad democrática mexicana y podría sentar un peligroso precedente para acciones del Ejército contra el gobierno civil. Según estimamos, la Suprema Corte tendrá la última palabra. Sin embargo, ante un presidente que desdeña el valor de la ley y las decisiones judiciales, el riesgo continuará presente.