El 4 de marzo de 2018 fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú. A pesar de que este tratado internacional fue ratificado por el Senado de la República en noviembre de 2020, tal suceso prácticamente no tuvo cobertura por los principales medios de comunicación en México.
Sin embargo, es preciso señalar que con el Acuerdo de Escazú surge el primer tratado ambiental regional, único y primero en el mundo que incluye disposiciones para la protección de activistas en defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio.
La conciencia de la humanidad acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente, despertó relativamente hace muy poco. En nuestro país, la legislación ambiental data de los años ochenta del siglo pasado.
La devastación, el deterioro, la diaria extinción de especies y el impacto que ello genera en el equilibrio natural que hemos trastocado y que ha modificado la vida de las personas ha hecho también que profesionales en la materia de todo el mundo se ocupen de analizar esta problemática que pone en riesgo la viabilidad misma de nuestra existencia como especie sobre este planeta. En ese contexto, mantenerse al margen de los esfuerzos coordinados correspondientes, no es opción para nación alguna. Máxime porque los peores pronósticos, mismos que suelen ser muy útiles para el planteamiento de soluciones de fondo, hablan de mediados de este siglo como una fecha de no retorno si es que no modificamos radical y sustancialmente, lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Más allá de prever mecanismos formales como el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en temas ambientales, el Acuerdo de Ezcazú contiene disposiciones dirigidas a luchar contra la desigualdad, la discriminación y, en tal sentido, están orientadas a garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y sostenible, en condiciones de inclusión e igualdad.
El compromiso de los Estados que aprobaron y signaron, al igual que México, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el sentido de no dejar a nadie atrás en relación con la construcción de una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad para las personas y el planeta, implica no solo el desarrollo de una visión y una conciencia social acerca de esta tópico, sino el diseño y la implementación de políticas públicas serias que se hagan cargo de cumplir con el Acuerdo de Escazú, vinculante para el Estado mexicano.
Este Acuerdo es pionero en su enfoque sobre la protección ambiental; sin embargo, también representa un tratado de derechos humanos. Todas y todos tenemos derecho a un ambiente sano y a ecosistemas sostenibles. La firma de tratados internacionales debe ser fuente de acción por parte del Estado y comprometida con el cumplimiento de los mismos.
El marco jurídico que resulta del referido tratado internacional abre las puertas para una discusión abierta y una amplia participación de todos los sectores de la sociedad en torno a la protección del medio ambiente. Postergar este ejercicio es un riesgo que no podemos darnos el lujo de correr. Comencemos la discusión.
Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX