México.- Luego de que se dieran conocer algunos detalles de la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, algunas voces desconfían de la versión oficial de las autoridades mexicanas y piden revelar si en realidad el político ex priista pactó su entrega a cambio de beneficios para su familia y para él mismo cuando se encuentre en prisión.
Así lo escribe este lunes el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en el diario El Financiero, donde expone que Duarte se mostró “descuidado” al autorizar la “aparatosa movilización” de sus hijos, familiares de la esposa y otros más en un avión privado desde Toluca hasta Guatemala, cargados con decenas de miles dólares y sin siquiera intentar modificar la bitácora de vuelo.
Otras versiones, incluyendo la de Alberto Aguirre en El Economista, apuntan a que existió comunicación telefónica entre Duarte y la Procuraduría General de la República (PGR) previo a su detención, lo que explicaría que no se pidiera a la Interpol una ficha roja contra Karime Macías, esposa del exgobernador, pese a que sí existen varias investigaciones en su contra.
“Duarte de Ochoa se entregó”, escribe Aguirre, para luego preguntarse si otros ex gobernadores priistas buscados por la justicia, como César Duarte y Roberto Borge, también pactarán su entrega cuando se vean acorralados por las autoridades.
Finalmente, Julio Hernández López encuentra motivos para pensar que la detención sirve a los fines electorales del Partido Revolucionario Institucional, que corre el riesgo de perder el poder en el Estado de México, la entidad más poblada del país.
El columnista escribe este lunes en La Jornada que la caída de Duarte de Ochoa desvía de momento la atención de la detención del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, sucedida la semana pasada en Italia y cuyas declaraciones ante la justicia de aquel país podrían revelar lazos entre funcionarios de primer nivel en la administración federal y bandas del crimen organizado.
Además, el veracruzano desviaría la atención del escándalo que relaciona al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, con la brasileña Odebrecht, caso que podría luego salpicar a funcionarios de la actual administración.
