México.- Pablo Morales Ugalde, exedil de Palmar del Bravo, Puebla, quien estuvo preso por "huachicoleo" hace un año, busca que la Fiscalía General de la República (FGR) le devuelva sus bienes.

Además de estar acusado por la venta ilegal de combustible, al exalcalde también se le señaló de lavado de dinero, pero quedó absuelto de los cargos.

Morales Ugalde fue detenido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) el 5 de julio del 2017 y  quedó en libertad el 10 de octubre de 2018.

Quiere 2 inmuebles y 17 cuentas bancarias

De acuerdo con Reforma, un juez federal concedió un amparo al exalcalde el cual obliga a la FGR a que responda a su petición de desaseguramento de 2 inmuebles y 17 cuentas bancarias.

Se trata de los inmuebles denominados La Fuente y El Hauaje, los cuales se localizan en el Barrio de San José del Municipio de Tecamachalco, Puebla.

Además busca que se cancele un acuerdo del 2017, con el que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) le aseguró cuentas registradas a su nombre en Banorte.

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Amparo para que le devuelvan los bienes

De acuerdo con el rotativo, en junio de este 2019, pidió a la SEIDO la devolución de bienes y cuentas, pero sus petición no fue respondida.

Ante ello, el 15 de agosto Pablo Morales Ugalde presentó un amparo contra esa indiferencia de la autoridad ministerial y porque consideró que se violaba su derecho de petición.

Ha sido así, que Augusto Octavio Mejía Ojeada, Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, le concedió la protección de la justicia y ordenó a la SEIDO responder la solicitud del ex alcalde, pero no le impone pronunciarse en algún sentido.

Investigación en contra de Pablo Morales Ugalde

La indagatoria contra Pablo Morales Ugalde se intensificó luego de que el 10 de marzo de 2017, se detuvo al edil de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, por ordenar que cinco policías municipales entregaran al crimen organizado a agentes de la FISDAI que después aparecieron ejecutados.

Se investigó a los dos alcaldes después de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les clausurara gasolineras de su propiedad.

Se trata de las estaciones que se localizan en Palmar, Atzizintla, Quecholac, Huxcolotla y Cuyoaco, en la cuales se vendía gasolina pese a que desde hace mucho tiempo no la compraban a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además, se le señaló de haber permitido el paso de huachicoleros en Palmar, almacenar o utilizar gasolina robada para automóviles oficiales, así como cobrar derecho de piso y ordenar a sus policías no atender reportes por robo de hidrocarburo bajo el pretexto de que era "peligroso".