México.- La defensora de los derechos de las mujeres, Yndira Sandoval, reiteró en conferencia de prensa que había sido privada de la libertad, torturada y violada.

“Tuve que hacer público mi caso por varias situaciones, para visibilizar las intimidaciones como el allanamiento a mi casa, mi auto y llamadas a números fijos”, aclaró Sandoval Sánchez.

En conferencia desde el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), señaló que la policía cometió en su contra actos de prepotencia, pese a que lleva 13 años en la defensoría de los derechos de las mujeres y se encuentra sometida al escrutinio de la opinión pública.

“Mi agresora tiene cuerpo y cara de mujer, pero yo no la denuncié por su condición de género, social, económica o de etnia, a quien denuncié fue a una policía que se negó a brindarme medidas cautelares”, declaró.

Sandoval solicitó la intervención del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, así como “justicia pronta y expedita” con perspectiva de género, reparación integral del daño y atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), porque la Fiscalía General del Estado de Guerrero no es confiable.

La defensora acusó que existe una “naturalización de la violencia” con la filtración de los videos que ahora circulan en redes sociales, pese a que con ello se viola el debido proceso, “no me toca a mí filtrar los videos en cadena de custodia, todo está grabado y debidamente documentado”, puntualizó.

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De acuerdo con la defensora, los videos forman parte de una investigación, lo filtrado corresponde a 3 o 4 hojas de un expediente donde también consta un examen legista que confirma la presencia de hematomas en varias partes del cuerpo, así como excoriaciones en la cavidad vaginal.

Sandoval indicó que existe una medida cautelar para los videos que circulan en redes por violación al debido proceso contra la presidencia municipal de Tlapa por las filtraciones.

“Lo que yo estoy denunciado es justicia y con qué nivel de impunidad operan las instituciones gubernamentales de justicia en este país”, concluyó la defensora.