Luego de haber sido rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en 1982 don Federico Salazar Narváez decide fundar, junto con su hermano Emilio, el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH), la primera universidad privada del estado de Chiapas.

Por 17 años, don Federico fue rector de la institución, hasta que el cáncer lo derrotó en 1999. A la muerte de su hermano, Emilio Salazar Narváez junto con su hijo Emilio Salazar Farías, ilícitamente tomaron el control de la universidad y en 2002 llevaron a cabo una asamblea de socios completamente amañada e ilegal en la que sacaron de la sociedad a los hijos de don Federico: Julio y Federico, quienes desde entonces comenzaron a luchar legalmente por lo que les correspondía por ley.

Después de años y años de demandas y litigios, finalmente el 27 de mayo de 2019, la Primera Sala Civil de Tuxtla Gutiérrez confirmó la nulidad de aquella asamblea de 2002 y determinó que los únicos socios y administradores de la universidad son Julio y Federico Salazar (los hijos de don Federico), con lo que “los Emilios” quedaron completamente excluidos de la sociedad, siendo además obligados por el Tribunal a rendir cuentas y pagar daños y perjuicios.

El Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH).
El Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH). (Cortesía)

Tan solo de 2002 a la fecha –período en el que “los Emilios” se hicieron cargo de la institución— se estima que existe un quebranto de más de mil millones de pesos a la Universidad Salazar por desvíos fraudulentos y una administración irregular.

Dentro de todo este entramado, vale la pena resaltar que Emilio Salazar Farías es un conocido político de la entidad. Actualmente es diputado local –puesto que ha ocupado en dos ocasiones— y ha sido diputado federal y Secretario General del Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, entre otros cargos, mismos de los cuales se ha valido para traficar influencias y pasar por encima de quien se le ponga enfrente. Sobre él hay diversas acusaciones de corrupción como autorizarse permisos para poner cuatro gasolineras cuando era Secretario General del Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, así como haber falsificado una constancia de residencia para poder ser diputado por un distrito en el cual jamás ha vivido.

Parecía que con la resolución judicial la historia estaba llegando a su final, pero no fue así. Cuatro meses después de que el Juez les quitó la universidad, la madrugada del 29 de septiembre, “los Emilios” entraron a las instalaciones con grupos armados y retomaron ilegalmente el control de la institución.

Desde ese día, Julio y Federico Salazar, dueños legítimos de la universidad, han pedido la intervención de la Fiscalía General del Estado, alegando que existen flagrantes delitos como despojo y allanamiento, pero hasta el momento no han tenido respuesta del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

La legalidad y la aplicación del Estado de derecho está a prueba en Chiapas con este caso.