La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar la discusión sobre el desafuero y la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con los ministros de la Primera Sala de la SCJN, la decisión de posponer el análisis de las controversias constitucionales sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca se debería a no afectar el proceso electoral próximo a celebrarse el domingo 5 de junio.

Se espera que sea a lo largo de las próximas semanas cuando la discusión sobre el desafuero y la orden de aprehensión de García Cabeza de Vaca sean resueltos.

¿Cuáles son las controversias constitucionales de Francisco García Cabeza de Vaca que la SCJN decidió aplazar?

En la primera controversia presentada en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso de Tamaulipas demanda a la Cámara de Diputados el dictamen en el procedimiento de declaración de procedencia iniciado en contra del gobernador, resuelto el 30 de abril de 2021.

Lo anterior al alegar que los diputados federales invadieron sus competencias al proceder contra el gobernador y permitir a la FGR iniciará un proceso penal en su contra.

Mientras que en el segundo caso, el Poder Legislativo de Tamaulipas reclama la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) y concedida por un juez.

En esta última se argumenta la invasión de competencias así como se pide a la SCJN pronunciarse para determinar, si el desafuero es legal.

¿De qué delitos es acusado Francisco García Cabeza de Vaca?

Cabe destacar que en dicha orden de aprehensión, Francisco García Cabeza de Vaca es acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Es decir, la discusión por parte de la SCJN iba a resolver si se aprobaba el desafuero de García Cabeza de Vaca y con ello llevar a cabo su detención por los delitos anteriormente mencionados.

Francisco García Cabeza de Vaca

Francisco García Cabeza de Vaca es acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de haber simulado la compraventa de un lujoso apartamento como parte de una operación de lavado de dinero.

Aunado a esto es señalado por presuntamente haber recibido sobornos en la trama de Odebrecht cuando se desempeñaba como legislador en 2013.