México.- La diputada de Morena en el congreso del estado de Hidalgo, Roxana Montealegre presentó una iniciativa de reforma por medio de la cual busca que se  sancione con 422.45 pesos, a los ciudadanos de la entidad que no cumplan con su obligación de votar en las elecciones.

Al presentar la propuesta de reforma a los artículos 6, 304 y 312 del código electoral estatal para la obligatoriedad del voto, Roxana Montealegre Salvador explicó que la propuesta busca generar un marco que regule el deber ciudadano de participar en las elecciones.

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Durante la sesión del congreso estatal de este martes, la legisladora detalló que la iniciativa contempla la aplicación de sanciones económicas para quienes omitan ejercer su derecho al voto, lo cual dijo, basó en preceptos establecidos tanto en la constitución local como la federal.

Ante el pleno de cámara, destacó que si bien se han alcanzado avances en materia electoral, no se ha logrado establecer un marco que reduzca de manera efectiva el abstencionismo electoral, el cual calificó como uno de los “fenómenos más negativos” de cualquier régimen democrático.

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Sanción sería de 5 salarios mínimos, aclaró la diputada de Morena

En relación a las multas monetarias a las que alude en su iniciativa, la diputada de Morena destacó que la constitución política federal, ya prevé sanciones para quienes no cumplan con su obligación de votar en las elecciones.

Debido a lo anterior, la legisladora propuso reformar el inciso B, de la fracción II del artículo 6, 304 y 312 del Código Electoral del estado de Hidalgo, para establecer que “salvo causa de fuerza mayor”, el ciudadano reciba una sanción “equivalente a cinco días de salario mínimo”.

Cabe destacar que si bien la legisladora planteó la multa en términos de “salarios mínimos”, dicha medida para la aplicación de sanciones fue remplazada por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual equivale en este 2019 a 84.49 pesos. Por ello, de aprobarse la multa sería de 422.45 pesos.

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Luego de presentar la iniciativa con proyecto de decreto, el congreso turnó a la comisión permanente de legislación y puntos constitucionales para su análisis y resolutivo correspondiente.