El uso del agua es un tema muy delicado, y es un derecho que está consagrado en la Constitución, ya que el líquido es vital. En México existen 34 millones de personas que dependen, para el abasto del vital líquido, de acuíferos en camino a la extinción, existe inequidad en la distribución del recurso e impunidad hídrica, y las concesiones mineras que cubren casi la mitad del territorio nacional, dejan acuíferos y cuerpos de agua contaminados, por lo que se requiere que el gobierno de la Cuarta Transformación tome cartas en el asunto.

En el país existe un Sistema de Concesiones del Agua, que desde 1992 ha otorgado 537 mil títulos de aguas nacionales a entes privadas, lo que ha provocado que 70 por ciento de los volúmenes estén en manos de 7 concesionarios.

La reforma energética, que se aprobó en 2014, creó las nuevas leyes para la industria eléctrica y geotérmica, reformando la Ley de Aguas Nacionales, con lo que se abrió la puerta de concesiones de aguas geotérmicas a inversionistas privados para creación y distribución de electricidad.

El cambio en la ley de aguas dentro de la reforma energética se debió a que la geotérmica es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo para climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica, que es usada para la creación de energía eléctrica.

Las concesiones para uso y extracción de agua se han otorgado desde hace mucho tiempo en México, y actualmente existen dos tipos de concesionarios: por un lado están los pequeños y grandes agricultores y, por otro, los grandes corporativos como Coca-Cola Femsa, Grupo Pepsico, Nestle, entre otro tipo de empresas.

Desde 1994 se han otorgado a 16 embotelladoras alrededor de 27 concesiones hidráulicas en 10 estados y sobre 15 ríos: 5 en Aguascalientes; 2 en Zacatecas; 5 en Jalisco; 3 en Colima; 1 en Coahuila; 5 en Durango; 1 en Zacatecas; 1 en Guerrero y 1 en Morelia. La concesión más grande se otorgó en 2001, en el gobierno de Vicente Fox, a la Embotelladora de Cuernavaca por 1, 353,000 M3 de agua subterránea de la cuenca del Río Balsas.

El gobierno de Vicente Fox fue especialmente generoso con la embotelladora Coca-Cola Femsa, tan solo en los dos primeros años de su mandato le otorgó a esta empresa siete concesiones sobre el uso del agua, a un costo de 2,054 pesos cada concesión y con permisos que iban desde cinco a 50 años y con la posibilidad de obtener una prórroga por el mismo periodo, aunque estén en regiones con escasez de agua.

De las 27 concesiones de agua que se habían otorgado a las embotelladoras en 2005, 19 de estas fueron para extraer agua de las cuencas y 8 para descargar desechos en ellas. La extracción total de estas concesiones es de 9,422,990 M3 de agua por año, lo que equivaldría a 27 mil 713 millones de latas de Coca-Cola de 600 mililitros.

Las embotelladoras no solamente usan sus concesiones de agua para la elaboración de refrescos, también el líquido es utilizado para embotellarlo directamente, o después de un leve tratamiento, y hacer un gran negocio, ya que los mexicanos son los mayores consumidores per cápita de agua embotellada del mundo, seguido por Italia. Asimismo, México es el segundo consumidor mundial por volumen total después de Estados Unidos. Los analistas proyectan que las ventas de agua embotellada en el país alcanzaron los 13 mil millones de dólares en 2019.

El mercado del agua embotellada en México se encuentra muy concentrado en muy pocas empresas: la francesa Danone, Coca Cola, PepsiCo y Nestlé acaparan el 86 por ciento de las ventas, un mercado valorado en poco más de 10,000 millones de dólares, según reportes de Euromonitor. El negocio del agua embotellada en el país ha crecido gracias a la mala calidad del agua potable en casi todo el territorio nacional, a que en muchos lugares no hay potabilizadoras del vital líquido y también a los sobrecostos que ponen las empresas a estos productos.

En 1999, el Consejo Estadounidense de Defensa de los Recursos Naturales calculó que el agua embotellada es entre 240 y 10 mil veces más cara que el agua de la llave. El negocio es aún mayor si se considera que PepsiCo y Coca Cola embotellan agua proveniente del sistema de agua municipal, de modo que se vende a la población algo que ya están pagando, y no siempre la calidad del agua es distinta en el caso de sistemas municipales de muchos países desarrollados, e inclusive de México.

El gran consumo de agua embotellada en México no solamente obedece a la mala calidad del agua que hay en muchas regiones del país, también se asocia este alto consumo a un símbolo de estatus de “salud”, “juventud” o “buena figura”, y todo esto gracias a una mercadotecnia muy penetrante que usan las trasnacionales para vender su producto. El problema del agua embotellada es que los envases utilizados son desechables y de materiales no biodegradables que contaminan ríos, mares y otros terrenos, además de que para su fabricación se consumen miles de litros de agua.

La minería es el megaproyecto de mayor consumo de agua y es su mayor fuente de contaminación. Altera el nivel freático y desplaza las aguas subterráneas. Contamina el agua superficial y subterránea con sales minerales, sulfatos, nitratos, óxidos, aceites, grasas, lubricantes, químicos, explosivos y metales pesados (arsénico, plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio).

El uso gigantesco de agua para la extracción de metales provoca desertificación masiva, sequías y agotamiento de fuentes del vital líquido. No hay mina que no contamine el agua. Es inevitable a una mina el dejar el agua inservible para el consumo humano o para la agricultura.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene tan solo el registro de 468 títulos de concesión para la explotación de las aguas nacionales, que otorgo a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos, China, Japón y a las mexicanas como el Grupo México, CARSO y Frisco, entre otras.

De los 26 mil títulos de concesión de explotación minera que otorgó la Secretaría de Economía durante los dos sexenios panistas (2000-2012) más los 6 mil con Peña Nieto, en total 32 mil, la pregunta es cómo que la Conagua no tiene el mismo registro siendo que dichas empresas utilizan agua en grandes cantidades, además la contaminan, arrasan con los bosques creadores del agua, contaminan el medio ambiente y provocan enfermedades en la región donde están establecidas.

Hace unos días los Activistas del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos de Oaxaca acusaron a la empresa minera de origen canadiense Fortune Silver de contaminar el río Magdalena Ocotlán, ubicada en la región Valles Centrales.

Los desechos de residuos químicos de la minera son arrojados en el caudal del río, con lo que el agua toma un color rojizo, poniendo en riesgo a los habitantes, la flora y la fauna.

Las Desarrolladoras, Promotoras, Constructoras, Bienes/Raíces e Inmobiliarias que se dedican a la construcción de fraccionamientos residenciales y de viviendas de “interés social”, gozan de títulos de uso y explotación de agua en todo el país y son 2,214 concesiones; así empresas nacionales como GEO, que tiene 128 títulos de concesión, ARA tiene 14, URBI tiene 10, SADASI tiene 26, ICA-VIVEICA tiene 7 concesiones, y BETAMAX tiene 13 y forma parte del Grupo HOMEX. La mayoría de estas empresas se declararon en quiebra y las rescató el gobierno de Felipe Calderón, dejando al Banco de desarrollo, Sociedad Hipotecaria, con una deuda muy alta y una cartera vencida elevada.

El gobierno de la Cuarta Transformación tiene que revisar estos títulos de concesión y frenar la contaminación y el mal uso del vital líquido, y que los habitantes del país consuman agua potable en lugar de refrescos.