Desde el 11 de junio de 2013 se publicó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, por la que se modificaron los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Federal, con la que se pretendió fortalecer los derechos de libertad de expresión e información y establecer que el Estado garantice el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha.

La iniciativa correspondiente fue presentada el 12 de marzo de 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto, junto con los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM, dentro del marco de los acuerdos y compromisos del extinto Pacto por México.

La reforma estableció gratuidad y la no discriminación para la televisión restringida en la retransmisión de señales de televisión abierta, además de buscar disminuir los costos y aumentar la calidad y los contenidos a partir de generar condiciones de mayor competencia, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.

Se crearon la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, reguladores del sector con importantes atribuciones antimonopólicas y de administración de las concesiones en la materia, además de Tribunales y Juzgados especializados en la materia.

La reforma constitucional se aprobó ampliamente por las principales fuerzas políticas, tanto en el Congreso de la Unión como en la mayoría de las Legislaturas de los estados

Decíamos hace poco más de un año que otra historia será la legislación reglamentaria, pues es en los detalles del cómo se instrumentarán y operarán las reformas constitucionales, donde pueden presentarse los problemas, y por supuesto nuevamente las presiones de los principales actores económicos involucrados, que para bien y para mal, más para lo segundo,  son poderes fácticos muy poderosos.

Pues ha llegado el momento de reglamentar la citada reforma y el debate mediático se ha centrado en cómo definir los agentes preponderantes en telecomunicaciones, si es por sector o por servicio. La Constitución no es clara al respecto, pues maneja ambos conceptos, y en la legislación secundaria se debería aclarar o precisar.

Y en esa pretendida precisión es donde se han polarizado dos posiciones, que “casualmente” se ubican en los dos grandes bandos que se disputan el mercado, y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha declarado ya como preponderantes, TELEVISA por un lado, en televisión abierta, y TELMEX-TELCEL por el otro, en telefonía fija y móvil.

La denominada telebancada, formada por legisladores afines a los grupos TELEVISA Y TV AZTECA, está impulsando que se mantenga la ambigüedad constitucional y que solo se transcriba en la legislación secundaria. Por su parte, los diputados y senadores de la izquierda y una parte del PAN plantean que se precise en la ley que la preponderancia sea por servicio, para realmente contrarrestar el hasta ahora cuasi monopolio de TELEVISA con su aliado TV AZTECA. Con este planteamiento el agente económico beneficiario serían las filiales de Carlos Slim, con América móvil, TELMEX y TELCEL. Es  por esta razón que a estos legisladores ahora se les vincula con el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes.

Los intereses económicos que están en juego son de grandes proporciones, y muchos legisladores están vinculados de alguna manera con esos intereses, sin que se hayan excusado de participar, como debería de ser en cualquier país democrático. La diputada  perredista Purificación Carpynteiro fue obligada a hacerlo, luego de la filtración de una conversación telefónica con un empresario del ramo, donde planeaban negocios con su participación en las reformas legales; los demás siguen participando activamente en la definición de la misma.

Es lamentable que no advirtamos claramente alguna posición que verdaderamente defienda los intereses de los consumidores y de la sociedad, más allá del mero discurso que todos nos endilgan, pero que poco convencen.

Predomina en el escenario, más que la negociación  de los típicos actores políticos que se supone representan a la sociedad, los intereses de los 2 grandes grupos económicos mencionados, a través de sus directivos y personeros en el Congreso.

Ojalá que reaparezcan los auténticos representantes populares, como aquellos que cerraron filas para resistir los embates de los poderosos medios de comunicación con sus principales personajes, cuando se realizó el cambio de modelo de comunicación político-electoral en 2007, donde se les tuvo que arrebatar el poder político y económico que habían adquirido ilegítimamente, aprovechando la debilidad del Estado y de sus principales agentes y actores.

Los próximos días serán cruciales en esa definición, esperemos que estén a la altura de los tiempos y las circunstancias.