Si usted pensó que los empresarios mexicanos, sobre todo los organizados en cúpulas, harían propuestas para sustituir los alimentos chatarra por otros saludables en lugar de defender la venta de esos productos a menores de edad, lamentamos que su expectativa no haya sido satisfecha.

En un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial del 6 de agosto pasado, el colectivo se pronunció en contra de la nueva ley aprobada por el Congreso de Oaxaca, que prohíbe la venta de comida chatarra a menores de edad.

Dicen estar a favor de “una política pública integral de salud donde se incentive la actividad física, hábitos de vida saludable y se cuente con la información necesaria para la toma de decisiones”, y se manifiestan en contra de “calificar alimentos como buenos o malos o recurrir a prohibiciones” pues eso, afirman, “no es la solución”.

Según se desprende de su declaratoria, el CCE. :

a) Pretende descubrir el hilo negro proponiendo una política pública integral de salud, es decir, presupone que ese proceso no está en marcha, por ejemplo con la nueva asignatura “Vida saludable” que se impartirá en el nivel escolar básico y con el nuevo etiquetado de alimentos, por mencionar sólo dos de las iniciativas en marcha;

b) Es tan contradictorio como que no incluye en los “hábitos de vida saludable” la eliminación de alimentos no saludables;

c) Niega que sea necesario, útil, benéfico, imperativo, calificar y clasificar alimentos en buenos y malos;

d) Pretende hacer creer que se trata de calificaciones de los alimentos como si fueran ocurrencias de alguien y no evaluaciones basadas en elementos científicos.

Lo que puntualmente se prohíbe en la nueva ley aprobada por el Congreso del Estado de Oaxaca, que es una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es:

“La distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado, en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior o establecimientos comerciales”.

Es decir, la oferta de alimentos chatarra continuará, pero de ella quedan excluidos los menores de edad. Esos productos pasarán a formar parte de aquellos cuya venta está prohibida a estos últimos, como las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Continúa el comunicado del CCE:

“Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, en particular a los pequeños comercios, que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de esos productos”.

 

Los miembros del CCE:

a) No ven en el freno al consumo de alimentos chatarra una acción real para atacar de raíz los problemas de obesidad, diabetes e hipertensión; para ellos, contrario a lo que dicta la ciencia, no somos físicamente lo que comemos;

b) Lejos de presentar alternativas que concilien el interés supremo de la salud con las pérdidas económicas que aseguran habrá, optan por el chantaje al asegurar que son “los pequeños comercios” los que se verán más afectados;

c) Consideran que la obtención de ingresos económicos es un valor más importante que la salud y la vida de las personas;

d) Omiten que la venta de comida chatarra no está prohibida, que lo que no se permitirá es ofertarla a menores de edad.

Los miembros del CCE afirman que son conscientes de “los retos de salud que tiene la población, particularmente la prevalencia de la obesidad infantil”, pero no parece que realmente les importe que uno de cada veinte niñas y niños menores de cinco años y uno de cada tres entre los seis y los diecinueve años padece sobrepeso u obesidad en México.

Fingen no ver relación alguna entre la obesidad y lo que las personas ingieren, como si el sobrepeso y la obesidad se dieran por generación espontánea.

En la jerarquía de prioridades de su mentalidad monetarista y utilitaria, ocupan un lugar más importante los problemas que aseguran se presentarán a raíz de la nueva ley en Oaxaca como “la competencia desleal” y “el crecimiento del comercio informal”, que la salud de niñas y niños, como si no existieran alternativas para prevenir y en su caso combatir esas prácticas. Así de sumidos deben estar en la cultura de la corrupción.

Miembros del Consejo Coordinador Empresarial: con los niños no.