El funcionamiento de México como República Democrática depende, en su génesis, de la elección libre, periódica y directa de representantes que detenten la función ejecutiva y legislativa del poder.

Como sistema presidencialista, en nuestro país elegimos al primer mandatario del Ejecutivo Federal, quien durante seis años se encarga de llevar las riendas de la Administración Pública Federal.

El Poder Legislativo, por su parte, se constituye en un modelo bicameral que se compone de:

En cuanto a nuestro sistema electoral, como sabemos México cuenta con uno mixto, pues combina los beneficios de la mayoría relativa con los de representación proporcional; esto quiere decir que, al votar, los ciudadanos contribuyen a la elección de sus representantes bajo ambos sistemas: el de mayoría, mediante distritos uninominales; y por representación proporcional, determinada por medio de listas nacionales propuestas por los partidos políticos.

La Cámara de Diputados, entonces, se compone de 300 diputados federales electos por mayoría relativa y 200 determinados por la fórmula de representación proporcional.

El Senado, por otro lado, se conforma por medio de fórmulas de dos candidatos registrados por estado; las 32 fórmulas que obtuvieron el mayor número de votos se quedan con los primeros 64 escaños; 32 son otorgados a la primera minoría (uno por estado, siendo el primer componente de la fórmula quien obtiene el lugar) y los últimos 32 lugares son otorgados por representación proporcional.

Lo anterior nos muestra que de los 628 legisladores que conforman el Congreso de la Unión, 232 llegaron sin el respaldo legitimador del sufragio directo, representando, en la mayoría de ocasiones, los intereses de su instituto político por encima de los de la ciudadanía.

Es decir, lo que en un inicio se ideó como la forma de contrarrestar las mayorías absolutas del entonces partido hegemónico en el Congreso, devino rápidamente en un Poder Legislativo obeso, que cuesta al erario mexicano poco más de 2 mil millones de pesos al año, y que ha perdido legitimidad ante una población cada vez más desconfiada e incrédula en cuanto a su capacidad para realizar su labor: representarlos en la creación y discusión de acuerdos.

Estamos, pues, ante una crisis de representatividad en la que, a pesar de que cerca de la mitad de los ciudadanos considera imprescindible el papel de los diputados y senadores en una democracia, más del 20% cree que el número de éstos es excesivo.

Todo esto, además, ha provocado que las discusiones sobre temas de relevancia nacional y que el manejo de posiciones trascendentales para las cámaras, como lo son la Junta de Coordinación Política o las presidencias de Comisiones Legislativas, sean delegadas por completo a legisladores que representan ante todo a su partido político.

Ante esta dinámica, se han realizado diversas modificaciones tanto en la fórmula electoral como en la distritación a lo largo de la historia de nuestro país, las cuales han incidido en la pluralidad, distribución del poder y la conformación misma de nuestro sistema de partidos.

Asumiendo que estos cambios se han dado cuando las exigencias de la sociedad así lo demandan, aunado al descontento cada vez mayor con quienes integran al Poder Legislativo en México, es que el Partido Revolucionario Institucional pretende acercarse a la ciudadanía para  preguntar si están o no de acuerdo en que se reduzca el número de legisladores designados de manera indirecta.

La consulta popular que el PRI busca impulsar hace uso de nuestro derecho de incidir en asuntos de relevancia nacional para transformar una vez más nuestro sistema político. Del 25 de agosto al 15 de septiembre se recabarán firmas con la intención de superar el 2% de la lista nominal, poco más de 1 millón 605 mil, para que el 7 de junio de 2015, se pregunte si la ciudadanía está de acuerdo en reducir 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales, así como las 32 senadurías del mencionado criterio.

De materializarse la propuesta, no sólo se lograrían consensos más fácilmente y se elevaría la calidad del debate político; sino que habría una mejor distribución del gasto público, resultado del ahorro en las dietas del Congreso.

Además, existe un argumento que quienes critican la propuesta de reducción del Congreso parecen olvidar: la recientemente aprobada Reforma Político- Electoral permite que, a partir de 2018 (año en que entraría en vigor la reducción), los legisladores puedan reelegirse.

Con ello, no sólo se garantiza que lleguen a las curules aquellos que fueron electos y trabajaron compromisos específicos con la ciudadanía; sino que se impulsará también la profesionalización y se asegurará que quienes ocupen el cargo lo hagan por su eficiencia y capacidad, y no por la decisión arbitraria de un partido político.

Así, pues, eliminar 100 diputados y 32 senadores de representación proporcional, lejos de atentar contra el sistema representativo que sostiene a nuestra democracia, sería, junto con la posibilidad de reelección, un paso hacia adelante en el fortalecimiento institucional y nacional de los ciudadanos y órganos de gobierno por igual.

 

*Dunia Ludlow se desempeña actualmente como Secretaria General en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), A.C. del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es Maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España.