Aún con la captura en días pasados del ex gobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington en la república Italiana, al top 10 de los personajes más corruptos de México publicado por la revista Forbes en 2013 le faltarían al menos otros siete “nominados” que presuntamente hicieron de las componendas -al amparo del ejercicio público- un modus vivendi que los llevó a amasar fortunas ofensivas para un México agraviado por la desigualdad económica y la pobreza de más de la mitad de su población. Nada sería mejor para nuestro país en estos momentos que el otrora ejecutivo estatal ocupe -en alguna cárcel federal- su respectiva, y muy merecida, crujía de manera similar a Elba Esther Gordillo y Andrés Granier.

Esa “taxonomía” de la corrupción nacional tiene como efigie de esta abyecta y endémica práctica al intocable senador Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex, quien con ostensible desfachatez continúa al amparo del fuero constitucional que legislatura tras legislatura le asigna indefectiblemente el PRI, seguramente porque la nomenklatura del partido lo considera un “prócer” de la democracia cuyas “aportaciones al desarrollo nacional” arguyen la carta de impunidad que ostenta desde décadas atrás.

Otro de los enlistados es Raúl Salinas de Gortari, “dignatario” que sigue la suerte de los juicios analíticos Kantianos: en su apellido está contenido el concepto del sujeto. Además figuras de no grato recuerdo como Genaro García Luna, Fidel Herrera (hasta hace poco cónsul de México en Barcelona), Arturo Montiel, Alejandra Sota (pseudogurú de las campañas políticas) y Humberto Moreira, engrosan la lista Forbes de aquellos tiempos (este último con el cinismo de intentar nuevamente arribar por la vía plurinominal al congreso local coahuilense; sí, aquella representación popular desde donde se ideó el fraude legislativo para modificar los montos aprobados de la deuda de Coahuila en tiempos del mismo Humberto Moreira).

Pero lo realmente preocupante es que cuatro años después de la publicación de esta revista, y a pesar de muchas estrategias y muchos más acuerdos cupulares para abatir la corrupción, así como debates nacionales, reformas constitucionales, “ciudadanización” y autonomía de órganos persecutorios de estas funestas prácticas, la lista 2013 de Forbes adolece de obsolescencia, es decir, más casos y personajes ligados a la corrupción amplifican este selecto grupo de nuevos ricos patrocinados por el erario.

Esto se debe a que el entramado de justicia en su conjunto -legislativo, administrativo y jurisdiccional- ha sido incapaz de someter al imperio de la ley a quienes aún deambulan por la ruta de la desvergüenza argumentando su inocencia (al menos jurídica) y victimizándose políticamente como subterfugio para evadir su responsabilidad legal; pues la social y política, para ellos, se ha tornado en la sátira cotidiana del devenir nacional, normalizada por el colectivo y sin repercusión personal alguna. Sólo es cuestión de analizar de manera somera el indecente pasaje en la historia del poder legislativo federal, cuando en días pasados un aspirante al fuero constitucional acusado de peculado y perseguido por la justicia de una entidad ¡se atrincheró en el recinto de donde dimana la soberanía popular y las leyes de nuestro país!

Si la revista Forbes se aventurara a incluir nuevos miembros distinguidos en su versión 2017, desde luego que el prófugo Javier Duarte de Ochoa suplantaría a la líder del SNTE; Roberto Borge sustituiría a Granier; César Duarte relevaría a Tomás Yarrington; Guillermo Padrés haría lo propio con Deschamps; Montiel palidecería ante la casa blanca; y así sucesivamente, hasta actualizar tal vez la edición 2020 de este nada honroso ranking.

 

Es lamentable la involución en el combate a la corrupción en México pues mientras países como Argentina tuvieron un pequeño avance respecto al año 2015 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional que la ubicó en el lugar 95 de 176 países, nuestro país en el mismo período cayó 28 lugares en la medición pasando del lugar 95 al 123 en 2016. Además somos el último lugar de los integrantes de la OCDE.

Algo no estamos haciendo bien sociedad y gobierno en el combate contra la corrupción, la reproducción sistemática de estos casos debe promover la generación de mecanismos de participación ciudadana directa, sin cortapisas y emanadas de la misma sociedad. De no ser así cualquier medio distinto al judicial por el que sean sometidos los corruptos, tarde o temprano, adolecerá de obsolescencia y quedará sólo en eso: un estigma mediático.