El Distrito Federal es la décima ciudad más poblada del mundo, por lo que adquirir una vivienda digna en esta metrópoli, además de complicado, muchas veces representa un interés político.

A la fecha, las autoridades de la Ciudad de México no han logrado proponer un modelo de desarrollo urbano que rompa con las viejas inercias de administrar la precariedad y la lógica absurda de contener la pobreza habitacional. Su postura frente al problema del patrimonio es prometer burbujas de jabón, sobre todo en época de elecciones, y entregar despensas y costales de materiales para construcción, en lugar de proponer un plan o generar iniciativas que permitan financiar a los ciudadanos para adquirir un bien inmueble o hacer mejoras a los que habitan.  

Ahora, si analizamos este problema a nivel nacional, tenemos que los datos sobre la vivienda y su adquisición legal en nuestro país son alarmantes: el 60% de las principales áreas urbanas están sobre asentamientos que en su origen fueron irregulares y edificados por sus propios habitantes, sin ninguna idea ni guía en su construcción.

En ese proceso, los predios fueron sujetos de regulación e incorporación progresiva, así como de títulos de propiedad otorgados a sus primeros habitantes. Muchos de esos asentamientos son ahora barrios o colonias populares constituidos; incluso ya forman parte de las ciudades y cuentan con servicios públicos como escuelas, parques e infraestructura que, aunque no esté en óptimas condiciones, ya pertenece a la vida de los habitantes.

En la Delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, vive el 6% de la población total del Distrito Federal. Día a día, las y los vecinos se quejan de la falta de programas efectivos para acreditar y obtener legalmente una vivienda.

Esta problemática tiene enormes consecuencias para las familias de la demarcación, ya que por tratarse de inmuebles antiguos, adaptados de forma improvisada, adquiridos irregularmente o construidos de forma parcial, se encuentran con fallas estructurales de construcción, carecen de infraestructura interna adecuada y son inmuebles excesivamente poblados, lo cual produce hacinamiento, falta de ventilación e iluminación, conflictos y violencia entre vecinos, empobrecimiento gradual y ausencia de condiciones dignas de vida. Además, la falta de seguridad legal obstaculiza todos los programas de gobierno destinados a comprar, mejorar y construir inmuebles para las personas y sus familias.

Como podemos observar, esta situación es realmente grave, ya que nos encontramos atrapados en un círculo vicioso, pues al no ser propietarias legítimas de las viviendas que habitan, las personas no las mejoran ni las enriquecen conforme a sus posibilidades; y el gobierno tampoco usa los recursos destinados a adquirir inmuebles.

En síntesis: Nadie gana con la falta de seguridad legal en el patrimonio; pues nadie protege, mejora ni engrandece un inmueble que no es suyo.    

Por todo esto, como candidata a la Asamblea Legislativa por el Distrito XII, pretendo legislar para otorgar certeza legal al patrimonio de las personas de inmuebles ya habitados.

Dichas acciones podrán ir desde el apoyo para la adquisición de propiedades hasta la regularización de escrituración inconclusa. Además, la misma propuesta de Ley que presentaré evitará los excesivos procedimientos e impulsará nuevas normas para eliminar rezagos o casos inclusos.  

Asimismo y para legislar de manera integral, se propondrán esquemas de coordinación de organismos y órdenes de gobierno, desarrollo urbano sustentable y reducción de riesgos en la adquisición de propiedades.

Mi propuesta es que las familias tengan garantías para formar un patrimonio y puedan vivir en condiciones más dignas y seguras, pero también que dicha certeza legal pueda impulsar el mejoramiento de las colonias y barrios, su seguridad física y jurídica, así como el impulso al desarrollo económico de la Ciudad de México.

Estoy convencida de que es posible imaginar y construir una Ciudad distinta y con futuro; así como un hogar que todos protejamos y seamos felices de habitarlo.

*Dunia Ludlow se desempeña actualmente como Secretaria General del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. (ICADEP) del Partido Revolucionario Institucional. Es Maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España.