Tal como lo establece la Constitución Política, México es una República Democrática; dicho concepto se remonta a la antigua Grecia y significa en su versión más simple: El gobierno o poder del pueblo.
Originalmente distinguimos dos tipos de democracia: la directa, en la cual el pueblo participa de manera continua ejerciendo el poder; y la indirecta o representativa, en la que elige representantes para que éstos deliberen y tomen las decisiones.
Si bien es cierto que debido al incremento poblacional de los estados nación que caracteriza el mundo postmoderno, la democracia representativa es la forma de gobierno que predomina en la actualidad; es innegable, también, que la ciudadanía busca participar cada vez más de forma directa en las decisiones políticas.
Por ello, a pesar de que los sistemas políticos ponderen la representatividad, internacionalmente se cuentan con instrumentos que aseguran el acceso de la población a la disertación de los asuntos públicos: el referéndum, el plebiscito y la consulta o iniciativa popular.
El ejemplo más efectivo de participación democrática directa es el suizo, en donde más de 300 referéndums se han realizado en este país con resoluciones que se vuelven obligatorias. Uno de los más recientes es el de mayo pasado, en el que el 77% de los suizos rechazaron la instauración de un salario mínimo legal de 4,000 francos al mes.
En México, a nivel federal, la Reforma Política Electoral del Presidente Peña Nieto trajo consigo, entre muchas otras cosas, la publicación de la Ley Federal de Consulta Popular, misma que permite que los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los administrativos del Ejecutivo Federal, o cualquier otra acción que impacte a una parte significativa de la población, sean puestos a consideración de esta última.
Este mecanismo puede ser instaurado con el 33% del total de cualquiera de las cámaras del Congreso, por el Presidente de la República o con el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, lo que equivale a poco más de un millón 605 mil firmas.
Es en este contexto que el Dr. César Camacho, Presidente del CEN del PRI, se ha pronunciado por someter a consulta la eliminación de 100 diputados federales y 32 senadores plurinominales, respaldando con esta propuesta una de las promesas de campaña del Lic. Enrique Peña Nieto.
De esta manera, el PRI buscará recabar, antes del 15 de septiembre próximo, fecha límite según la ley, las firmas necesarias para promover, el domingo 7 de junio del 2015, una consulta popular sobre la reducción de legisladores plurinominales.
De materializarse, este recorte no sólo resultaría en un ahorro en las dietas del Congreso; habría una mejor distribución del gasto público; los consensos se lograrían más fácilmente y el debate parlamentario elevaría su calidad.
Es importante señalar que, debido a que la desaparición de escaños es exclusiva a los de representación proporcional, no se perdería calidad en la representación política; al contrario, llegarían a las Cámaras sólo aquellos que fueron electos y trabajaron compromisos específicos con la ciudadanía.
Con esto, el PRI impulsa que México se sume a la ola cada vez más creciente de uso de mecanismos de democracia directa, que se traducen en mayores índices de participación y de responsabilidad ciudadana en la toma de decisiones; así como en el incremento general en la calidad de nuestra clase política.
La propuesta está hecha, convertirla en realidad depende de nosotros.
*Dunia Ludlow se desempeña como Secretaria General en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) A.C., del PRI. Es Maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España.