Hablar de participación ciudadana nos remite a un tema de actualidad en México, incluso, podríamos recurrir a varios autores que definen el concepto de manera precisa. Sin embargo, para fines del presente artículo, me parece oportuno empezar por proponer un significado particular sobre este aspecto de gran relevancia  en nuestro país.

La participación ciudadana representa el conjunto de voluntades que a través de la acción política o pública, buscan impulsar el desarrollo social, así como promover la democracia participativa. En otras palabras, se trata de generar el encuentro entre acciones individuales y beneficios públicos, cuyo fin práctico es el de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Es decir, si entendemos que toda acción individual debe ser colectiva, también debemos considerar que toda acción en conjunto debe buscar el beneficio de la comunidad y, por ende, del país.

Ahora bien, para hablar del ejercicio de la política es necesario conocer los mecanismos con los que cuentan las personas para acceder a las decisiones del gobierno y evaluar su quehacer y resultados. De esta manera, la participación ciudadana debe ser entendida como un proceso bidireccional, esto es: como un acto y un encuentro entre autoridad y ciudadanos para lograr el mejor desarrollo de la comunidad.

En este orden de ideas,  un gobierno que se interesa por la participación ciudadana debe facilitar, impulsar, promover e incorporar su visión en todas las políticas públicas que realiza, lo cual significa que si hay una fuerza ciudadana que exige participar, también debe haber una apertura y sensibilidad que lo permitan. Así, estos dos aspectos: apertura y sensibilidad deben ser el rasgo fundamental de los gobernantes, pero también de los legisladores y de los jueces.

Frecuentemente, algunos políticos o personajes públicos utilizan un limitado concepto de participación, el cual se reduce a informar a la ciudadanía de los proyectos que les conciernen como sociedad. No obstante, el peligro más grave al que se enfrenta la participación ciudadana es al establecimiento de políticas clientelares, las cuales se basan en una relación entre autoridad y los individuos o grupos a través de un intercambio de favores o cosas.

El clientelismo, sin duda, es una estrategia que denigra la política y la participación, ya que es un intercambio no legal, en el cual los titulares de cargos políticos, o candidatos a serlo, prometen el otorgamiento de prestaciones a cambio de apoyo electoral.

En un sistema clientelar, las decisiones de la autoridad se utilizan para obtener beneficios privados; ya que éstas favorecen a sus clientes o grupos y logran, de alguna forma, la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su grupo.

Los candidatos o funcionarios proclives a las políticas clientelares surgen por la necesidad de aglutinar rápidamente a un número elevado de votantes o participantes, cuya estrategia es la de aprovechar la falta de tradición organizativa, creando un sistema informal de mediación entre las necesidades de las comunidades y los recursos de la autoridad. Desde luego, el clientelismo es una forma de poner obstáculos a la participación ciudadana genuina y democrática.

A pesar de este fenómeno recurrente en nuestro país, durante los últimos años la participación política de las y los ciudadanos ha ganado espacio en la función del gobierno, y ha desarrollado mecanismos innovadores para hacerse presente, para exigir cuentas y evaluar el desempeño político.

De tal manera que los beneficios de permitir y fomentar la participación ciudadana son innumerables, algunos de los más importantes son, por ejemplo: garantizar un mejor desempeño del gobierno, lograr un cumplimiento estricto de las normas, mejorar los proyectos y planes gubernamentales, permitir una gestión eficaz y transparente, disminuir las inconformidades, acelerar el desarrollo y valorar y reconocer el buen desempeño de los funcionarios y de los representantes políticos de la sociedad.

En resumidas cuentas, la participación ciudadana es la salvaguarda del buen gobierno, ya que representa la fuente indispensable de comunicación entre gobernantes y gobernados, pues este vínculo tenderá a garantizar la honestidad, transparencia y rendición de cuentas de la función pública. 

Por tanto, no debe existir ningún proyecto político o iniciativa gubernamental que deje fuera a la participación ciudadana. La voz de la comunidad debe escucharse permanentemente, ya que ésta es garante del estado de derecho (entendido éste como un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta Carta Magna).

De tal manera que las autoridades presentes o futuras no deben ser indiferentes a la importancia de la participación ciudadana, pues como lo hemos visto en estas líneas, es el contrapeso a los excesos y desviaciones de quienes ejercen la autoridad, y el recurso para denunciar el incumplimiento de la ley y de las promesas políticas.

Finalmente, quisiera plantear una reflexión.

Para nadie es ajeno que estamos viviendo un momento trascendente en la historia de nuestro país, pues en este 2015 se celebran unos comicios electorales que, seguramente, van a trazar el destino inmediato de México; por ello, es una oportunidad inmejorable para que, como ciudadanos, podamos observar y fiscalizar a quienes se están postulando como candidatos a puestos de elección popular, y darnos cuenta ?desde ahora-, que quienes están incumpliendo la ley, seguramente lo van a hacer en su gestión.

No lo permitamos, hoy más que nunca es fundamental nuestra participación como sociedad? es ahí en donde todos ganamos.

Aprovecho este espacio para invitarl@s al curso Participación Ciudadana, convocado por el ICADEP, A.C., que se llevará a cabo el próximo jueves  26 de marzo a las 9:00 hrs. en el Hotel Hilton Reforma-Alameda, ubicado en Av. Juárez #70, Col. Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (la entrada es gratuita).

*Dunia Ludlow se desempeña actualmente como Secretaria General del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. (ICADEP) del Partido Revolucionario Institucional. Es Maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España.