September 16, 2019 16:23


Reformar el Artículo 6 de la Ley General de Educación

Útiles escolares
Además del gasto en útiles escolares, está el de las cuotas "voluntarias"Mario Jasso/Cuartoscuro

Actualmente las “cuotas voluntarias” se aplican en las escuelas públicas

Uno de los principales dolores de cabeza para las familias (no solamente para padres y madres, sino para abuelitos y abuelitas, y demás integrantes de las familias), es el pago de “cuotas voluntarias” para inscribir a sus hijas e hijos en las escuelas públicas. Como sabemos, la norma de carácter general y de aplicación para todo el país, al respecto, lo establece el artículo 6 de la Ley General de Educación, que a la letra señala lo siguiente:

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias... Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos... En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.” (Artículo reformado DOF 11-09-2013)

Ante la inminencia de la revisión en el pleno de legisladores de la nación, en unos días, de las leyes secundarias en materia educativa que, junto con la LGE, serán aprobadas por esa Cámara de Diputados federal, y cuya promulgación se llevará a cabo en breve, será importante que no solamente se ratifiquen en dicha ley los términos del principio de “gratuidad” de la educación, consagrado en el texto Constitucional (Artículo Tercero, que establece justamente la “gratuidad”, y no una “educación barata” como lo señaló reciente y atinadamente Manuel Gil Antón), sino que también se elimine el concepto de “cuotas voluntarias”, para que solamente queden establecidas en ley las “donaciones” libres por parte de la ciudadanía hacia las escuelas públicas.

Una medida legislativa de esta naturaleza (eliminar definitivamente las llamadas “cuotas voluntarias” en las escuelas públicas), abonaría a favor de la economía de las familias mexicanas, que constituye prácticamente la mayoría del país.

Actualmente las “cuotas voluntarias” se aplican en las escuelas públicas, en la práctica, en la realidad, (en los servicios de educación básica, media superior y superior), como si fueran “obligatorias” para las familias, con lo cual se condiciona el acceso al derecho a la educación de las niñas, niños, jóvenes y adultos que asisten a la red de escuelas operadas por el Estado (en todos los órdenes de gobierno). Y dicha práctica se ha vuelto lamentablemente en una costumbre (en casi todos los casos por iniciativa desesperada de los directivos escolares), debido a que el Estado ha inducido a las escuelas públicas a una condición de precariedad. Y eso se debe a que las escuelas públicas no cuentan con recursos financieros para cubrir los gastos ordinarios para operar adecuadamente en el día a día (servicios de mantenimiento, material de papelería, fotocopiado, teléfono, material de limpieza, fondo para eventos cívicos y festividades comunitarias o sociales, entre otros).

Cabe mencionar, una cuestión sabida por todos, que dichas cuotas son administradas por las asociaciones de padres de familia, y cuya transparencia y buen manejo se ha caracterizado por sus irregularidades más que por la rendición correcta de cuentas y honestidad.

El día en que en este país se cumpla la ley al pie de la letra, y cuando el Estado mexicano se haga cargo de su responsabilidad, que consiste en entregar recursos financieros y logísticos a las escuelas “de gobierno” (a través de la aportación, por parte de la Secretaría de Hacienda o de la SEP, de una cuota estimada por alumno atendido, en cada escuela pública, para gastos de operación), ese día las familias serán beneficiadas en sus bolsillos y en la garantía del derecho pleno a la educación. Ese día comenzará otra etapa en las economías de las familias, pues habrá liquidez inmediata con la eliminación, que hoy en día se hace, de ese egreso ordinario realizado para que sus hijas e hijos sean aceptados en las escuelas públicas. (Estas “cuotas voluntarias”, en su forma, me recuerdan al impuesto absurdo de la tenencia y uso de vehículos).

Considero que las “cuotas voluntarias” deberían de desaparecer en la ley y en los hechos; y habrán de quedar fuera del lenguaje de la vida cotidiana, del circuito o de los circuitos de la escuela pública mexicana. ¿O será mucho pedir que el Estado mexicano se haga cargo, a través del erario, de todos los gastos operativos de la escuela pública?

A reserva de que esté equivocado con este planteamiento, no encuentro razón para que se sigan cobrando estas “cuotas voluntarias” escolares, puesto que la ciudadanía, en los hechos, paga impuestos y con ello se deberían administrar y canalizar los recursos para otorgar aportaciones fiscales a efecto de operar las escuelas públicas que, en teoría, debieran de ser las instituciones que cuenten con los recursos completos y suficientes para que las niñas, los niños, los jóvenes y adultos sean beneficiarios de una educación como un derecho humano.

Mientras las “cuotas voluntarias” aparezcan en la ley como una opción, porque las escuelas del sector público no tienen recursos financieros para operar en la vida cotidiana escolar, las familias mexicanas seguirán pagando doble: Por una parte, a través de las contribuciones fiscales, y por otra, a través de las llamadas “cuotas voluntarias”.

Por último, diré que las cuotas voluntarias, como una costumbre no regulada y como condición para el ingreso de los educandos a las instituciones escolares públicas, debe ser una obligación a absorber por el Estado mexicano, y no debe quedar más sobre la espalda de la ciudadanía. Y ello también tiene que ver con el cumplimiento parcial (por no decir incumplimiento, porque se cubre una parte de los gastos ordinarios) por parte del Estado hacia la Educación Pública, porque solamente se hace cargo de la nómina magisterial y de otros gastos menores, pero no se hace cargo de los principales gastos de operación de escuela.

Ojalá que las y los legisladores discutan, en breve, este punto y asuman un acuerdo a favor de la economía de las familias y del aseguramiento del derecho a la educación de las y los mexicanos.

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