Han acusado a Joaquín López-Doriga de extorsión, de mover los hilos para perjudicar a una empresaria.

Entonces pienso, al llegar a este Casino de apuestas políticas:

No hay tal. Eso de la extorsión es un cuento chino.

Eso lo han inventado sin ningún sustento.

Eso de la extorsión es creación de la empresaria Aramburuzabala y sus defensores.

En el video donde es grabado dolosamente el abogado Becerra Pocoroba, es la gente de la empresaria quien habla de extorsión.

Es la prensa mal informada la que convierte en viral una extorsión inexistente.

Se trata de atacar, por atacar, al periodista con el principal programa de noticias en México.

En los hechos, todo se resume a una negociación jurídica.

La prensa hace un análisis inadecuado.

¿Y cuál es el análisis adecuado en estos casos?

Pues el jurídico, ¿cuál más?

Sin tener en las manos el expediente, puedo entender de qué se trata este asunto.

Hay una señora empresaria, riquísima, que pretende hacer una construcción inmensa en una zona acaudalada ?y hermosa- de la ciudad de México. Lo cual no es raro.

Pero lo que no se enfatiza, en este caso, es que los empresarios ricos deben respetar los derechos de los vecinos que resultan afectados por las diversas construcciones.

No se pueden hacer edificios de cualquier dimensión en cualquier lugar. Porque se supone que la ciudad debe tener parámetros y reglas de construcción bien establecidas. Se deben cuidar el orden y la armonía urbana.

Sin embargo, los constructores contratan a buenos abogados para maniobrar las leyes y los reglamentos. Y está bien, los abogados están para eso: para aprovecharse de las deficiencias de los legisladores.

Ante un escenario así, los vecinos pueden inconformarse y protestar. Hay quienes cierran avenidas y hay quienes optan por la ley.

Eso fue lo que sucedió en el caso de la construcción de la calle Rubén Darío: un grupo de vecinos organizados ?como lo deberían estar en todas las colonias- se inconformó por la vía legal, y logró que detuvieran la obra.

¡Qué bueno que los vecinos lograron detener una obra cuestionada!

En principio, todas las obras ?principalmente las de alto impacto vecinal- deberían estar cuestionadas, mientras no demuestren lo contrario.

Las leyes deberían asistir a los vecinos, quienes pueden ver afectados su entorno y su patrimonio con la construcción de una obra de menor o mayor impacto.

Pero el gobierno llega a ser omiso o corresponsable, porque permite construcciones sin proteger el entorno urbano-ambiental.

Por ejemplo, permite más edificios, pero se olvida de las vías de comunicación y del abasto de agua. Se olvida del orden urbano.

Los vecinos se ven obligados a actuar por su propia cuenta, para que su vecindario no sea afectado.

Un edificio nuevo suele dañar la vida de los vecinos. Yo conozco zonas donde se multiplican los departamentos y las calles no crecen. Por lo tanto eso se convierte en un lugar inhóspito.

A eso se enfrentan los vecinos de la ciudad de México.

Por ejemplo, no quieren que su edificio sea privado del sol, lo cual no es poca cosa. El sol es el sol, el astro mayor, aquel que nos brinda la luz a los seres humanos. Es muy diferente una casa con sol que si él.

Y de pronto llega un mastodonte y me tapa el sol.

Cosas tan simples, pero tan grandes, las pasa por alto un gobierno que permite construcciones mal planeadas.

Y otra cosa: es posible que una tripleta de edificios dañe las estructuras de los inmuebles aledaños.

Puede no ser. Pero puede ser.

La justicia debe tener la última palabra.

No se puede edificar donde sea y como sea. El uso de suelo es algo muy delicado que empresarios y gobierno no han sabido respetar. Siempre hay una excusa o resquicio legal para otorgar un permiso irregular.

Trato de entender a los vecinos de la calle Rubén Darío. La gente se ve obligada a actuar, pues las instancias de gobierno no son garantía de legalidad.

Por cierto, Rubén Darío parece pertenecer a otro país. Vaya que por ahí corre dinero.

Pero? si el gobierno no puede hacer más vialidades, que no permita más edificios.

En todos los países civilizados sucede que los vecinos pueden ir contra los constructores y contra el gobierno.

Y vamos a lo estrictamente legal.

Entiendo que el asunto de Rubén Darío derivó en un juicio de lesividad del Gobierno del Distrito Federal contra la empresaria Aramburuzabala.

Es decir, el gobierno encontró anomalías en los permisos de construcción otorgados originalmente, y utilizó la figura jurídica de la lesividad para demandar la revocación de los permisos.

Diversos comités vecinales detectaron las fallas en los permisos y presionaron al gobierno para que interpusiera el juicio de lesividad.

No sólo eso, sino que los propios comités vecinales, en este tipo de juicios, coadyuvan como terceros interesados. Se convierten en parte del litigio

¿Cuál extorsión?

La de lesividad es una herramienta legal.

Los juicios de lesividad son comunes. Sólo hay que googlear juicio de lesividad y comité vecinal, para entender que esto es bastante común.

Y como interesados en el juicio, los vecinos tienen también la posibilidad de destrabar el conflicto, si advierten una posibilidad de que las afectaciones sean resarcidas en alguna medida.

Y eso hicieron: buscaron una negociación vecinal que contribuyera a terminar con el conflicto legal.

Porque la protesta vecinal fue la semilla del litigio. En estos litigios, la denuncia pública y vecinal adquieren gran relevancia. No es algo que esté fuera de la ley. Los diputados locales suelen utilizarla para que grupos de vecinos presionen al gobierno en turno.

El gobierno de Miguel Ángel Mancera consideró que la construcción de Rubén Darío vulneraba la esfera jurídica del gobierno y de la ciudad, e interpuso el juicio de lesividad, haciendo equipo con los vecinos.

El litigio se llevó a cabo en el Tribunal de lo Contencioso del DF, que es el órgano que actúa como árbitro en las demandas que los capitalinos interponen en contra del gobierno local, o viceversa.

De modo que este Tribunal es la vía adecuada, y fue la que usaron los vecinos de Rubén Darío, entre ellos la esposa del señor López-Doriga.

Hasta aquí no veo extorsión alguna.

Los vecinos y el gobierno demandaron a la constructora porque consideraron afectados sus intereses.

¿Qué intereses? Pues pueden ser los más variados.

Uno es libre de acudir a juicio esgrimiendo afectación a un interés que se estime vulnerado. Cualquier interés.

Y los intereses vecinales en una colonia de millonarios suelen ser cuantiosos.

Lo que quiero decir es que los vecinos pudieron encontrar múltiples razones para demandar la intervención del gobierno y para acudir a juicio. Esas razones son de ellos y de su vecindario. Esas razones incumben a la ciudad y al gobierno.

El caso es que demandaron a la constructora para que un árbitro imparcial dictara el correcto derecho.

Este tipo de juicios son comunes, hay un tribunal especializado para resolverlos.

Y también sucedió lo que puede suceder en todos los juicios del mundo: una negociación.

Más vale un mal arreglo que un buen pleito, dice el dicho.

Lo cual es verdad. Las negociaciones dentro de los juicios, o fuera de ellos, son bienvenidas, son necesarias para terminar cuanto antes con el litigio. Se llega a una buena negociación y no se inicia el juicio, o iniciado el juicio se llega a un convenio para que haya una sentencia conforme a dicho convenio.

¿Voy bien o me regreso?

Eso decía anoche mientras me arruinaban en el Casino. Las apuestas políticas son un negocio bastante solitario.

Cerré la jornada creyendo que El Bronco meterá a la cárcel a Rodrigo Medina. Me aferré a eso y el dealer se salió con la suya: él decía que no, que el PRI y su poder se va a imponer al gobernador independiente.   

Derrotado, sigo pensando:

El señor abogado Pocoroba fue espiado mientras ejercía una negociación civilizada con la constructora.

Una negociación rutinaria de un juicio común.

En el video aprecio un punto clave, que ha sido motivo de escarnio: ?los señores quieren lana?.

Eso dice el señor abogado y lo dice bien. Los litigios que versan sobre dinero se arreglan con dinero. Se arreglan con dinero o se atienen a lo que dicte el juez. Cuando el juez haya dictado sentencia ya no habrá posibilidades de arreglo, ni monetario ni de otro tipo.

Se trata de dinero porque las afectaciones al patrimonio son cosa de dinero. ¿O no?

Entonces, el señor Pocoroba dice que los vecinos están dispuestos a llegar a un arreglo sobre el tema del litigio.

¿Cuál extorsión?

Si esa es una extorsión, todas las negociaciones en juicio lo son también.

Los vecinos, según el video, han estado en pláticas con la constructora para tratar de que les repare lo que ellos consideran un daño a su patrimonio, o al patrimonio de la ciudad. Y le piden que los resarza, incluso, en especie: elevadores, calderas.

¿Es mucho? ¿Es poco lo que piden los vecinos? No lo sé. Yo puedo pedir las perlas de la virgen, y mi contraparte puede estimar que es una exageración. Siempre el otro va a decir que es mucho lo que se le pide. En una negociación cada quien persigue el menor costo.

La prensa se rasga las vestiduras argumentando que hay extorsión.

En cuanto al papel del gobierno de Miguel Ángel Mancera, primero hay que decir que reconoció fallas en la expedición de los permisos de construcción y por eso inició el juicio de lesividad. El gobierno actúa en defensa de los vecinos y de la ciudad.

Lo mejor habría sido que los permisos no se otorgaran, y no tener que buscar una posterior revocación.

En este contexto, y ante la incertidumbre que significa una eminente sentencia, los involucrados en el juicio estaban en pleno derecho de buscar una negociación.

Es probable que los vecinos y la defensa de éstos hayan calculado que, como ya sucedió, la justicia otorgaría la suspensión y quitarían los sellos de clausura, y por ese hecho buscaban una negociación.

De eso también están hechos los juicios: de estrategias de última hora.

Repito: los juicios son negociables mientras existen.

El fondo del litigio está aún en curso. Las partes podrás agotar otras instancias aún.

Ahora bien, debatir si López-Dóriga es influyente o no, es ocioso. Porque es influyente en la medida que es un buen periodista.

Lo de la extorsión, no la veo por ningún lado.

Una extorsión es algo ilegal.

Aquí no hay nada ilegal. Tan no lo hay que el Tribunal Contencioso ya resolvió parcialmente, y lo hizo a favor de la constructora. Qué bueno que hubo un pronunciamiento legal sobre un pleito legal.

Ahora los vecinos pueden impugnar la decisión del Tribunal Contencioso y, si lo consideran pertinente, volver a negociar con la constructora, mientras no se resuelva en definitiva el juicio.

Señores periodistas, no sean subjetivos con el derecho subjetivo.

El derecho subjetivo es aquel que le corresponde a una persona en particular. Era un derecho subjetivo de los vecinos de Rubén Darío demandar a la constructora.

Y era su derecho negociar como mejor les conviniera.

Es un cuento chino la extorsión.

Los invito al Casino para que diriman sus diferencias con los argumentos.

Señor López-Doriga, hoy amanecí con ganas de defenderlo.