Financiamiento para la Formación Continua de Docentes

Escuelas primarias en México
A favor del pleno derecho a la educación de las niñas, los niños, los jóvenes y adultos. María José Martínez / Cuartoscuro

Lo que se propone que invirtamos como país en las y los profesores ya en el aula es la estratosférica cantidad de 159 pesos por docente.

¿En qué consisten las acciones de formación continua para docentes y directores escolares en servicio? ¿Qué lugar ocupan estas acciones en el orden de las prioridades de los gobiernos federales? De manera esquemática, podríamos afirmar que éstas son el conjunto de actividades de capacitación y actualización permanentes, dirigidas a los docentes, asesores técnicos, técnicos docentes, directivos escolares y apoyos educativos en general de la escuela pública mexicana, tanto de los niveles de la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) como de la Media Superior.

Una de las maneras de identificar el lugar que ocupan estas acciones en el orden de las prioridades gubernamentales, es a través del análisis de los esquemas de financiamiento que el Estado destina hacia estas actividades, las cuales resultan cruciales para aumentar la probabilidad de que las figuras educativas se actualicen y estén en condiciones profesionales adecuadas para desempeñar su tarea educativa en las aulas.

Durante algunos sexenios (al menos durante los últimos cinco) la SEP ha generado políticas públicas de formación continua para docentes con características disímbolas, ya sea en forma de programas o en forma de acciones diversas, coordinadas desde el centro político con alcance nacional y local; mientras que en otras ocasiones lo ha hecho en forma de “Estrategias Nacionales”. El alcance, la pertinencia y el impacto de los programas, acciones o estrategias de formación continua para maestras y maestros en servicio, además de los asuntos del financiamiento para estas actividades, han sido poco estudiados y evaluados tanto por las autoridades centrales como por las instituciones autónomas encargadas de realizar estos trabajos.

De acuerdo con un reporte del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2018): “Los recursos mediante los cuales opera la Estrategia provienen del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). El presupuesto total aprobado para el programa en 2016 para la educación obligatoria (básica y media superior) fue de 1820 millones de pesos (mdp). Esta cantidad aumentó significativamente desde 2014, cuando era de aproximadamente 200 millones. Sin embargo, para 2017 se prevé una caída de casi 50% en el presupuesto aprobado para este rubro. (…) Este presupuesto se divide entre la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) más de la mitad), la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y las Autoridades Educativas Locales (AEL). En 2016, a estas últimas les correspondieron 400 mdp, o bien 22% del presupuesto total de la Estrategia. El presupuesto asignado a la formación continua en media superior fue de aproximadamente 11 mdp, correspondiente a 1% del presupuesto total para la Estrategia. Aproximadamente 1809 millones fueron para educación básica.” (1) Según la misma fuente, el presupuesto autorizado para la formación continua, en 2017, fue de 1029.1 mdp, sin embargo, como lo señalara puntualmente el INEE en su momento, este monto tendía a la reducción. Incluso, en alguna ocasión se especuló que una parte de este presupuesto fue transferido al rubro de comunicación social de la SEP (en época de Aurelio Nuño, entre 2015 y 2017), a efecto de promover las bondades del “nuevo Modelo Educativo”.

Una primera conclusión sobre este tema de la formación continua, a partir del indicador del financiamiento público”, es que la capacitación y la actualización permanente de las maestras y los maestros, y demás figuras educativas, no se encuentra entre las prioridades de los gobiernos federales en México. No al menos durante el periodo “neoliberal”, es decir, durante los últimos 30-36 años. Sin embargo, y para ser honestos, quizá una de las etapas de mayor auge de las políticas públicas impulsoras de la formación continua, se dio durante los años finales de la década de los 90´s, cuando se crearon cientos de Centros de Maestros en todo el país, mismos que, a la postre, se convirtieron en virtuales “elefantes blancos”, debido a la falta de continuidad de esa política pública.

El estudio del INEE antes mencionado, indica que: “El 29 de febrero de 2016 se dieron a conocer los resultados de la Evaluación del Desempeño del primer grupo de docentes evaluados (en el marco de la Reforma Educativa de 2013). En la Educación Básica, 14.1% de los docentes obtuvo un resultado de insuficiente, 37.6% logró un puntaje de suficiente, 40.5% obtuvo un nivel de desempeño bueno y 7.9% de destacado. En cuanto a la EMS, 18.5% de los docentes se ubicó en un nivel de desempeño insuficiente; 31.5%, suficiente; 41.4%, bueno; 7.4%, destacado, y 3%, excelente (Términos de Referencia de este estudio). De acuerdo con la Estrategia, este primer grupo de docentes evaluados, independientemente de su resultado, tendrá acceso a programas de formación continua y desarrollo profesional para la mejora de su práctica docente que tomen en cuenta los resultados de su evaluación, ya sea programas de regularización, así como de formación continua, capacitación y actualización, etcétera.” (2) ¿Eso significa que no existe una formación continua diferenciada?

¿Cuál es la ubicación estratégica (o no) que otorga el gobierno de la 4T a la formación continua de las figuras educativas de la escuela pública? ¿Existe un cambio radical a partir del ejercicio del actual gobierno de López Obrador (desde diciembre de 2018), en términos de los recursos y los programas destinados hacia este importante rubro clave de las políticas públicas educativas?

En un reciente artículo de opinión, David Calderón, dirigente de la organización empresarial “Mexicanos Primero”, afirma lo siguiente al respecto: “Muchas declaraciones de amor a los maestros. ¿Y cuánto se propone invertir en su formación continua? Acá el recorte es brutal, en más de un sentido de la palabra: la combinación de recortes a las partidas S247 y G001 de la CNSPD y la DGFC (...). Lo que se propone que invirtamos como país en las y los profesores ya en el aula es la estratosférica cantidad de 159 pesos por docente. ¿De verdad? ¿Para qué va a alcanzar? ¿A unos sí y a otros no? ¿Y el efecto sobre sus alumnos? Con esa decisión, asegurar que cada docente tenga oportunidades de aprendizaje profesional que respondan a sus necesidades diagnosticadas y que estén orientadas específicamente a eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, así como para promover la inclusión, como marca ahora la Constitución parece una fantasía...” (3)

Discrepo de la apreciación de Calderón, en el sentido del corto argumento por él empleado. Aunque la tendencia del esfuerzo gubernamental hacia la formación continua tiende hacia la precariedad, el análisis de este asunto dista mucho de volverse completo, si se hace de manera fotográfica. Esto fue lo que le escribí a David Calderón, como argumento, a través de las redes sociales digitales: “Sería interesante que dieran a conocer los datos sobre el presupuesto aprobado y ejercido para la formación continua de docentes y directivos, anual, de los sexenios 2006-2012 y 2012-2018, para hacer un análisis comparativo...” En pocas palabras, mi crítica a Calderón es que este asunto del financiamiento no se puede abordar con una sola fotografía, sino que se requiere de la película completa. Por supuesto, el presidente y fundador de “Mexicanos Primero” no solo no contestó, sino que se limitó a “retwittear” las opiniones a favor, pero no aceptó ni respondió -como de costumbre- a los cuestionamientos.

Sin desviarnos del tema que hoy nos ocupa, pienso finalmente que el problema del financiamiento hacia la formación continua de docentes y directivos escolares de la escuela pública, como rubro importante de las políticas educativas, es un pendiente que se tendrá que revisar y resolver a nivel de la toma de decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo, si es que el Estado mexicano tiene la convicción de revalorar el trabajo cotidiano que realizan estas figuras en las escuelas, mediante opciones de formación y actualización profesionales. Cualquier política pública en esa dirección, habrá de redituar, tarde o temprano, a favor del pleno derecho a la educación de las niñas, los niños, los jóvenes y adultos.

Fuentes consultadas:

(1) INEE. Formación Continua de Docentes: Política Actual en México y Buenas Prácticas Nacionales e Internacionales. Primera edición, 2018. (Coordinadores: Lucrecia Santibáñez, Daniela Rubio y Marisol Vázquez). México.

(2) INEE (2018). Misma fuente consultada.

(3) David Calderón. “Inclusión y gasto”. El Financiero, 24 de octubre, 2019.

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