Los recursos financieros públicos para llevar a cabo la operación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT, que es el brazo especializado del poder ejecutivo federal en la materia), según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (PEF 2020), son del orden de 25 658 millones 798 449 pesos (1). Adicionalmente, el CONACyT, según el PEF 2020, registra un ejercicio de recursos propios, para el año en curso, por un total de 3 544 millones 379 944 pesos.

¿Cuáles son los programas específicos hacia los cuales se destinan estos recursos? ¿De qué manera se ven beneficiadas las comunidades científicas mexicanas con este volumen presupuestal (al año)? ¿Existe hoy un apoyo sustantivo hacia las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica en comparación con otros periodos gubernamentales?

Del total de recursos públicos que recibe el CONACyT, el documento de referencia establece que 19 487 millones 574 109 pesos (casi el 76 por ciento) se destina directamente al Consejo, y el resto del presupuesto se distribuye entre los demás Centros Públicos de Investigación. Ejemplo: el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) recibirá 379 millones 565 041 pesos del presupuesto federal, y ejercerá este año, adicionalmente, un total de 20 millones 130 032 pesos por concepto de recursos propios.

Cabe resaltar que entre los rubros señalados para el Ramo 38 (CONACyT) dentro del PEF 2020, se encuentran: “Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación”, (ver Anexo 10. “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”), por un total de 35 millones 243 171 pesos. Por otra parte, habrá también “Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación” (113 millones 583 708 pesos), pero en otro rubro, y “Becas de posgrado y apoyos a la calidad” (4 766 millones 467 275 pesos), (ver el Anexo 13. “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, del PEF, 2020).

En el Anexo 16. “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, según el PEF 2020, se reporta que se le entregarán al CONACyT 238 millones 031 986 pesos para ejercerse en los mismos rubros: “Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación” y “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”

No se podría considerar esta inversión pública (en vez de hablar de gasto) como el volumen total de los recursos destinados en nuestro país al desarrollo científico y tecnológico, porque este fragmento (quizá el más importante) que hace la nación, es el que corresponde al presupuesto del Gobierno Federal. Faltaría agregar los recursos destinados a las actividades de investigación científica y tecnológica por parte del sector privado, como para identificar qué tanto invierte nuestro país en este tipo de actividades estratégicas tanto en el plano educativo, como cultural y económico. También habría que incluir a aquellos recursos públicos que ejercen las entidades autónomas o las instituciones de educación (sobre todo de nivel superior) en el ámbito de la investigación científica, humanística y tecnológica, que son independientes al presupuesto del CONACyT.

El Anexo 12 del PEF 2020 se refiere justamente al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación donde se desglosan recursos financieros del sector público para las dependencias del gobierno federal, así como para las diversas dependencias autónomas, desconcentradas o descentralizadas del Poder Ejecutivo Federal. Para este programa el monto total a ejercer durante este año suma la cantidad de 98 724 millones 407 384 pesos.

Dentro de este Anexo 12, destaca el renglón 11 (Educación Pública) con recursos destinados para la UNAM (14 544 millones 919 586 pesos); la UAM (3 438 millones 530 408 pesos); el IPN (4 362 millones 211 241 pesos); para el CINVESTAV (3 146 millones 099 348 pesos) y, entre otros, para la UPN (105 millones 860 976 pesos). La pregunta que surge es: ¿Éstos son los montos para realizar la operación general de estas instituciones o es sólo la cantidad que se refiere, específicamente, al ejercicio de actividades del “Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación”? Quizá uno de nuestros colegas especialista y estudioso en el tema de las políticas científicas en México, nos pueda aclarar este punto. Pienso, específicamente en Alejandro Canales, del IISUE de la UNAM.

El Artículo 40 del PEF 2020 establece lo siguiente: “Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Nacional Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2020, serán concentradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y deberán destinarse a actividades sustantivas; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y su ejercicio y destino deberá reportarse en los Informes Trimestrales.”.

Finalmente, cabe mencionar que en el PEF 2020, aparece una especie de tabulador, donde el director general (en este caso la directora) del Consejo percibiría un salario mensual, según el documento referido, que oscila entre los 112 mil 133 pesos y los 120 mil 306 pesos (con prestaciones incluidas). Mientras tanto, en el Anexo 7 del PEF 2020, se señala lo siguiente: “Previsiones salariales y económicas”: Se destinan, durante este año fiscal, al CONACyT: 184 millones 410 361 pesos, cuya mayor parte está dirigida al “Incremento a las percepciones”.

Una vez revisados de manera rápida y apretada los recursos públicos con los que cuenta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para este año, considero que esta dependencia del gobierno nos cuesta muy caro; y al mismo tiempo me pregunto ¿No podría ser reducida, en el futuro cercano, la burocracia especializada en el ámbito de la investigación? Esto lo planteo con la intención de repensar este asunto (atención legisladoras y legisladores), revisarlo o discutirlo a efecto de redistribuir el presupuesto federal orientado a la investigación científica y a la innovación tecnológica con un sentido más sustantivo, es decir, entregarlo directamente a las y los investigadores que realizan proyectos pertinentes y con perspectivas o aportaciones valiosas, en términos de lo que determinen sus pares.

Es preocupante que la aristocracia científica (ahora convertida en clase política de la “4T”) siga disfrutando de las mieles del presupuesto público, es decir, de los miles y miles de pesos “del pueblo”; en este sentido no veo ningún cambio en comparación con sexenios anteriores. Por el contrario, se vislumbra una suerte de autoritarismo y excesivo centralismo en la toma de decisiones en el sector. Es lamentable que en los laboratorios, en las bibliotecas y, entre otros rubros, en los cajones de recursos para publicar los frutos de la investigación, éstos no estén a la mano de las y los académicos, o que se declaren, por parte de las burocracias, como “inexistentes”.

Fuente consultada:

(1) Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (PEF 2020). http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf

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