September 21, 2019 09:25


México en la globalización de los Derechos Humanos

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Para el caso de las instituciones de procuración de justicia, el reto se expresa; y consiste en ser organizaciones eficientes para cubrir con los derechos de las víctimas y, en general, los derechos humanos.Internet

Los derechos de las víctimas del delito han tomado cauces institucionales, por demás relevantes, sobre todo porque los Derechos Humanos –en tanto universales- se ven regidos por el esquema de la gobernanza global. Dicho modelo, ha involucrado a la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y la propia Corte Penal Internacional, solamente por mencionar algunos ejemplos de organismos multilaterales e internacionales, en la búsqueda de la verdad, la reparación integral del daño y la asistencia a las víctimas.

En este contexto, se dimensiona la necesidad de los Estados nacionales de firmar tratados y otros instrumentos internacionales; signar colaboración con organismos internacionales; además de observar sus directrices, resoluciones y sentencias. Para el caso de México y demás países, eminentemente democráticos, donde los derechos humanos y su protección son una política de Estado y prácticamente un elemento sustancial en el proyecto de Nación, es menester cumplir con la legislación nacional que también reconoce los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional.

En medio de esta discusión, resulta por demás notable la visita a México de Michelle Bachelet en su calidad de Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque demuestra el compromiso del gobierno mexicano con la búsqueda de ideas innovadoras y soluciones ante el escenario de violencia en el territorio nacional.

El evento más relevante de dicha visita fue la firma del acuerdo para la formación en derechos humanos de los miembros de la Guardia Nacional, institución que conforma una de las principales propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. Sin embargo, existió posicionamiento de varios tópicos más que, la Alta Comisionada dejó sobre la mesa en México de forma contundente e interesante; uno de los más trascendentales es el referido al derecho a la justicia por parte de las víctimas de la violencia, en el que se ha señalado la necesidad de que esta población tenga garantizados los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, reparación integral del daño, debida diligencia y la no repetición de los hechos.

Igual de estratégica es la relación del gobierno mexicano con la ONU, como lo es la conformación de mecanismos para la protección de los derechos humanos y, sobre todo, contar con un diseño institucional lo suficientemente fortalecido para atender a las víctimas; de la realización de estos horizontes de acción gubernamental depende en buena medida la obtención de paz social y bienestar común en nuestro país.

El hecho de que los Derechos Humanos y específicamente los derechos de las víctimas, tengan tal presencia en el discurso político y en la agenda del gobierno mexicano, simultáneamente genera la preconcepción de compromiso institucional. Uno de los pasos primigeniamente dados ha sido la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual precisamente atiende a la responsabilidad del Estado de cubrir el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, tanto de víctimas directas como indirectas; el cual abre paso a una transformación de cómo el gobierno acepta los problemas y halla soluciones.

En suma, la visita de la Alta Comisionada Bachelet ha sido, desde la óptica de derechos, un parteaguas para la ampliación -aún más- del debate en torno a la necesidad del paradigma de garantismo en el Estado mexicano. También ha dejado de manifiesto el compromiso real del gobierno federal, pero también de gobiernos locales de ofrecer garantías a las víctimas de la violencia. Además, para el caso de las instituciones de procuración de justicia, el reto se expresa; y consiste en ser organizaciones eficientes para cubrir con los derechos de las víctimas y, en general, los derechos humanos.

La gobernanza global de los derechos humanos juega un rol estratégico para la realidad mexicana, por ello la cooperación y colaboración con organismos internacionales constituyen un eje fundamental de la política del Estado mexicano.

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