Los jueces de la Suprema Corte juegan un papel fundamental en la solidificación de un régimen democrático. Si bien no son electos, pues el jefe del Estado somete las nominaciones al Senado o Cámara Alta, son los funcionarios responsables de interpretar la Constitución y las leyes. He allí la misión del Poder Judicial, según la interpretación clásica del barón de Montesquieu: padre de la división de poderes y del sistema de contrapesos.

En medio de la polarización política provocada por el triunfo avasallador de López Obrador y Morena en 2018, los once magistrados son responsables de dirimir controversias que pudiesen ser el resultado de un abuso de poder del presidente o de la mayoría legislativa. Sin embargo, en un régimen populista cuasi unipersonal, los jueces son generalmente presentados por el caudillo como parte integrante de la mafia del poder, lo que se traduce en una fuga de legitimidad popular y en una tentación del líder populista de contravenir una resolución u orden judicial.

Los jueces no deben ser jamás objeto de presiones políticas, y deben conducirse ajenos al ambiente político. De lo contrario, presenciaríamos una corrupción gravísima del Poder Judicial que podría traducirse en una tiranía al estilo de los regímenes totalitarios del siglo XX.

En este tenor, los jueces de la Suprema Corte son hombres y mujeres libres, corruptibles y potencialmente débiles frente a persecuciones, linchamientos mediáticos o amenazas a su integridad física, sobre todo, en regímenes altamente polarizados y con la presencia de un personaje dominante cuya voz resuena en todo el espectro mediático.

El sexenio de López Obrador será una prueba de fuego para la SCJN. El órgano colegiado deberá hacer frente a un poderoso presidente que busca infatigablemente imponer una visión personalísima de transformación política y social que podría contravenir la Constitución, sea a través de un decreto, una ley o una consulta popular.

La primera prueba de fuego fue la invalidación de la Ley Bonilla y la declaración de inconstitucionalidad del acto cometido por el congreso de Baja California. Prueba superada. La segunda ha sido recientemente la validación de la consulta popular sobre los juicios a expresidentes. Prueba no superada. La tercera será quizá las resoluciones pendientes en torno al rosario de leyes de la presente legislatura que atentan ostensiblemente contra otras leyes federales.

El barón de Montesquieu, celebérrimo personaje de la Ilustración, legó la división de poderes como fuente de equilibrio para la sana convivencia política y social. Su sistema fue adoptado por todos – o casi todos- los Estados del mundo occidental. Sin embargo, el filósofo francés no contempló en su tiempo el ascenso de líderes carismáticos quienes podrían poner en jaque el espíritu de su legado político.