Columnas

El Presidente AMLO tiene la Palabra sobre la Urgente Reforma de la Inteligencia de Estado (III)

El general Salvador CienfuegosMario Jasso / Cuartoscuro

Tercera y última entrega sobre este tema.

Los casos del Ing. García Luna y del general Salvador Cienfuegos, y de dos de los principales colaboradores del primero, cuyo trabajo de inteligencia e investigación criminal se realizó allende las fronteras de México, exhibe el agotamiento de un modelo de inteligencia civil de Estado en nuestro país, incapaz de generar los expedientes necesarios a base de productos de inteligencia estructurados y corroborados, para liderar tanto la conformación de los expedientes de seguridad nacional desde la inteligencia civil (o militar) y revelar los probables vínculos con el crimen transnacional organizado (CTO) de ambos secretarios de Estado, sobre quienes preferimos que no sean responsables, por todo lo que implica un sí. 

El aparato de inteligencia civil estaba y está allí con miles de servidores públicos laborando en su mayoría las 24 horas del día y los 365 días del año, y todo indica hoy que no fue capaz de integrar los productos de inteligencia que condujeran a las presuntas responsabilidades criminales de ambos secretarios, principalmente. 

Nuestro punto de partida, es que esto no es un asunto de capacidad y habilidades metodológicas o técnicas, o formativas, o de actualizaciones tecnológicas (aunque algo pudiera haber de ello) sino esencialmente del hecho cierto e histórico, de fondo, que en casi todos los países del mundo el modelo de inteligencia civil de Estado, se estructura, opera y es funcional a un modelo de régimen político, es decir, a una forma de ejercicio del poder público que es quien dicta los lineamientos maestros de su funcionamiento, prioridades y diseños estratégicos, aunque con cierto grado de autonomía. No son exactamente una simple extensión, no, pero sí tienen una gran cercanía y semejanzas a partir de que el primero (el régimen político) genera la demanda más importante de los productos de inteligencia para el segundo (el servicio de inteligencia civil de Estado) conforme a sus agenda política y sus prioridades nacionales e internacionales.

En consecuencia, no hubo incapacidad para detectar desde ese espacio de actividad pública, todos aquellos datos y evidencias supuestas que iban desarrollando las agencias de la inteligencia estadounidense, tampoco hubo la confianza para compartirlos de parte de estos últimos (las agencias de EUA) con la agencia civil de la inteligencia del Estado mexicano (ni con las militares), precisamente porque No creyeron en el margen de autonomía funcional (que siempre es teórico y se confirma o no en la praxis), o bien, la consideraron insuficiente, predominando en su análisis el hecho irrebatible de la cercanía y subordinación de los funcionarios de la inteligencia mexicana con los funcionarios del régimen político en turno (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto), lo que No les aseguraba la secrecía absolutamente necesaria que se requería. En tales condiciones, era imposible la apertura de expedientes sobre estos altos funcionarios de gobiernos nacionales en turno. Parecía algo contra natura. 

El tema de los servicios de inteligencia con el poder público al que es funcional, ha sido siempre un tema altamente controversial y controvertido. En México son cada vez más los analistas e investigadores, civiles y militares, los que aceptan que la inteligencia mexicana de Estado, no ha sido eso, “de Estado”, sino funcional a los regímenes políticos en turno. Se entendió por muchos años la “seguridad del régimen”, como la “seguridad nacional” o “la seguridad del Estado”:

“En el caso de México, no podemos afirmar que existe un modelo definido de seguridad (…) durante la consolidación del autoritarismo mexicano, las instancias de seguridad se abocaron a preservar el orden establecido por un régimen, garantizando los intereses del grupo en el poder, más q los intereses nacionales. Es así que las instituciones responsables de la seguridad se enfocaron a custodiar el establishment político, persiguieron a disidentes, opositores e intelectuales, y construyeron un sistema de represión política y social más que de seguridad ciudadana. Ejemplo de ello fue la creación de instituciones como la Dirección Federal de Seguridad”. (Castaño: 2018, 35)

Esta enorme distorsión y confusión político-conceptual, doctrinaria, distorsionó todo el trabajo y la función de inteligencia y seguridad en México: los riesgos y amenazas más importantes, estaban conformadas por la actividad armada y civil de los opositores al régimen autoritario, represivo y corrupto que hemos padecido tantos años, no por amenazas de otro tipo entendidas como las principales.

La experiencia de los servicios de inteligencia civil latinoamericanos, por ejemplo, es altamente ilustrativo. Los años más oscuros de los servicios de inteligencia son aquellos de las dictaduras militares, en donde los agentes de la inteligencia civil y militar colaboraban estrechamente para perseguir, encarcelar, asesinar o desaparecer ciudadanos que resistían al régimen militar. Ésta alianza criminal cristalizó en organismos tan brutales como la Alianza Anticomunista Argentina y otras. Pero algo muy similar sucedió con regímenes represivos de corte civil, en México y otros países. En Perú con Alberto Fujimori (no solo él, pero señaladamente él), con Isabel Martínez de Perón y su secretario particular de ella y del propio general Juan Domingo Perón, el Sr. López Rega, por ejemplo, represión en la cual, los servicios de inteligencia tenían un rol destacado en el espionaje político y la coadyuvancia en la detención, tortura y la desaparición de opositores.

Desde finales de los años 80, pero particularmente en la década de los años 90 y en adelante, la estructura jurídica y el entramado institucional de los servicios de inteligencia, sobre todo, los de carácter civil, acusaron cambios significativos en correspondencia con procesos de liberalización política y luego de abierta democratización, aunque gradual y limitada, que modificó los términos de la disputa por el poder bajo las nuevas leyes electorales para los partidos políticos, forzando un cambio en los modelos organizativos y operativos de la inteligencia estratégica, así como operativa, empezando por un nuevo marco jurídico-constitucional y por la separación de la inteligencia civil respecto de la inteligencia militar y policial, o bien, manteniéndolas unificadas, según el caso y la etapa política del Estado en cuestión, aspectos que se modificaron para permitir la emergencia de modelos de inteligencia de Estado renovados con un mayor grado de profesionalismo. 

Pero en general los retrocesos han sido continuos en todos los servicios de inteligencia de Estado, especialmente en el civil, mostrándose estas instituciones como las más reacias, osificadas y resistentes a cualquier cambio por pequeño que sea, especialmente en lo que hace, al sometimiento absoluto de sus actividades al marco jurídico constitucional, a la transparencia de sus procesos internos (los que sean posibles, no a los productos de inteligencia en proceso, eso no es posible), a la rendición de cuentas y a la fiscalización del manejo de recursos financieros, todo ello opaco, entendido equivocadamente como “ultra secretos” para la ciudadanía. Tal vez en otros tiempos, hoy no es posible, ni deseable.

En muchos casos, aún los gobiernos que llegan con banderas democráticas, ni abren los servicios de inteligencia, no transparentan sus funciones, no rinden cuentas, y mantienen la inteligencia política hacia los opositores, hacia las disputas nacionales del poder. La resistencia es inmensa. Casi todos se han orientado por ampliar y hacer más rígidos los controles del poder legislativo y judicial sobre los procesos de la inteligencia. 

En México el Presidente AMLO y sus cercanos colaboradores en la materia, tienen la palabra. ¿Nos quedamos como estamos o vamos hacia una transformación de la inteligencia civil y militar de Estado?, para adecuarla y ponerla en consonancia con un proceso nacional de cambio, de modificación del ejercicio del poder público, es decir, del régimen político, del nuevo paradigma en construcción sobre la seguridad en donde el bienestar social es parte de ella, y en la cual debe predominar la seguridad humana, y en donde la justicia alcanza a todos. La ciudadanía debe participar en este debate nacional abierto.

Hay mucha resistencia, grupos de poder sólidos, dentro y fuera de los organismos de inteligencia, pero el Presidente AMLO tiene la voluntad y autoridad política, administrativa y ética más que suficiente para emprender el camino de una reforma que es también, como otras, urgente. De otra forma, nos seguirán “haciendo la chamba” afuera en casos álgidos como los de los dos secretarios de Estado.