.Tijuana, 10 Jul (Notimex).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, consideró que la ecología y el medio ambiente son derechos fundamentales de los seres vivos y debe exigirse su cabal cumplimiento.Durante la conferencia magistral "El derecho a la ecología y a la preservación del ambiente como derechos sociales exigibles", el ministro señaló que la exigencia al cumplimiento de este derecho se ha incrementado por el reciente deterioro ecológico.Invitado por la Casa de la Cultura Jurídica de Tijuana, Góngora Pimentel dijo que el descontrol de la contaminación refleja las marcadas diferencias entre las economías del mundo, y por eso evita que todos los seres humanos exijan este derecho.Citó la Declaración de Estocolmo de 1972, en cuanto a la libertad e igualdad en condiciones de vida satisfactoria, es un derecho que debe darse en un ambiente de calidad que permita a los seres humanos vivir en dignidad y bienestar.Ante juristas de la localidad que escucharon la conferencia magistral, Góngora Pimentel expresó que a través de la historia los seres humanos tienen el deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras.Señaló que paradójicamente, ese deber establecido en la Declaración de Estocolmo de 1972, no fue completamente asumido por la generación que vivió en la década de los 70, y por lo tanto, la contaminación y el deterioro ambiental se incrementaron.Ese descuido de las generaciones de los 70 y posteriores, dijo, dio como resultado "el estado de emergencia por el que atraviesa nuestro planeta y los seres vivos que la habitamos", y se reflejó en el Protocolo de Kyoto.Resaltó que el derecho al medio ambiente es de tal magnitud, que "hoy puede ser considerado como un derecho fundamental y presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del ambiente en el nivel de vida en general".Refirió que el vínculo entre el desarrollo, la ecología y el medio ambiente radica en el respeto de todos los derechos humanos y la participación popular como elemento fundamental en todo proceso que se resume en "justicia ambiental y ecológica".Asentó que bajo estas premisas, deben tomarse en cuenta tres consideraciones, la primera de ellas, la identificación de los derechos del medio ambiente sano, es indispensable para mejorar los mecanismos de su exigilidad.También, que la justiciabilidad en su connotación de derecho social o colectivo tiene un importante soporte en los tribunales, porque sirven de instrumento a los gobernados que pretenden exigir al Estado el cumplimiento de su obligación en materia ambiental.Además, que en México se necesitan mecanismos procesales eficaces que permitan acciones colectivas que no sólo se vinculen con la propiedad, sino con el interés de los gobernados que consideran afectados sus derechos al medio ambiente sano.