El Censo Económico 2024 del INEGI confirmó lo que ya era evidente en cada esquina del país: la economía mexicana descansa sobre millones de unidades productivas invisibles para el fisco, los bancos y el discurso oficial. Según el censo, existen más de 6.3 millones de establecimientos económicos en México, con una abrumadora mayoría (95%) clasificados como micronegocios, y una amplia proporción fuera del circuito formal.
En contraste, los datos del IMSS al 31 de marzo de 2025 muestran apenas 1,048,438 patrones registrados, es decir, menos del 17% de todas las unidades económicas tienen trabajadores asegurados. Esto significa que más de 5 millones de empresas —legales, toleradas o francamente informales— no participan en el sistema de seguridad social, ni contribuyen a la base fiscal estructural, aunque generen empleo, producción y, paradójicamente, esperanza.
Informalidad territorializada
El mapa geoeconómico del INEGI revela también la profunda desigualdad regional. Las entidades con mayor número de unidades económicas (Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla) no son necesariamente las más formales ni las más rentables. La informalidad es densa en el sur, intensa en el centro y funcional en el norte, lo cual perpetúa modelos locales de sobrevivencia económica más que de desarrollo empresarial.
Las mujeres sostienen la economía que nadie ve
Otro dato ignorado en los foros oficiales: las mujeres representan más del 40% de la fuerza productiva en micronegocios, y lideran una proporción creciente de actividades económicas, particularmente en el comercio minorista, servicios personales y alimentos preparados. Sin embargo, su inclusión financiera sigue rezagada, y sus unidades productivas enfrentan mayores obstáculos para crecer, acceder a crédito o ser formalizadas.
Un sistema financiero rentable… Y gentrificado
Los bancos en México reportan utilidades históricas y márgenes financieros envidiables, pero su negocio está lejos de las MiPyMEs. Su enfoque dominante es el crédito al consumo (tarjetas, nómina, automotriz) y el crédito corporativo concentrado, donde los márgenes son altos y los riesgos, previsibles.
Fuera de ese núcleo, el sistema financiero se vuelve frágil, desconectado y excluyente. El acceso al crédito empresarial real para la micro y pequeña empresa sigue siendo marginal, apenas una décima parte del portafolio total. Se trata, en términos críticos, de un sistema “gentrificado”: las instituciones financieras han reconfigurado su “vecindario” económico para expulsar o ignorar a quienes no cumplen su perfil ideal de rentabilidad y eficiencia inmediata.
Tecnología sin democratización
Aunque el Censo 2024 registra un crecimiento notable en el uso de tecnologías digitales —más del 30% de los negocios ya utilizan alguna forma de tecnología, red social o software contable—, eso no se traduce en mayor inclusión financiera ni en acompañamiento institucional. La digitalización va adelante, pero el Estado y la banca van atrás, reaccionando con lentitud, cuando no con sospecha.
¿Qué hacer? Propuestas mínimas para un país de millones sin respaldo
En el corto plazo:
1. Formalización exprés con incentivos reales: lanzar un esquema de inscripción simplificada ante el SAT, IMSS y Economía, con beneficios de arranque como seguro básico, identidad fiscal digital y exención de auditorías por dos años para negocios que demuestren operación y empleo.
2. Fondeo productivo vía intermediarios especializados: el crédito público y programas de apoyo deben canalizarse exclusivamente a través de SOFOMES ENR y uniones de crédito, que tienen contacto real con las micro, pequeñas y medianas empresas. Nada de dispersión directa gubernamental, pues sólo genera clientelismo y corrupción. Estas entidades deben operar bajo reglas claras, con garantías exprés y mecanismos judiciales eficaces de recuperación.
3. Tecnología útil, no decorativa: implementar centros móviles de capacitación y digitalización empresarial con alianzas tecnológicas (cobro electrónico, administración, ventas online) para que los negocios pequeños compitan sin desventajas tecnológicas.
4. Responsabilidad compartida, créditos con consecuencias: establecer cláusulas de corresponsabilidad para todos: el empresario responde si desvía recursos, el intermediario si evalúa mal, y la autoridad reguladora (CNBV) si omite supervisar. Adultos todos, sin simulación ni perdón institucional.
En el mediano plazo:
1. Nuevo Sistema Nacional de Representación de MiPyMEs: un órgano autónomo, con voz legal en el diseño presupuestal y fiscal, que represente a las verdaderas unidades productivas del país, no a las cúpulas empresariales alineadas al poder.
2. Complementariedad financiera, no competencia asimétrica: se debe rediseñar la arquitectura del crédito, los bancos deben especializarse en fondear a intermediarios y atender al segmento corporativo, mientras que los intermediarios no bancarios (SOFOMES, uniones de crédito, fondos locales) deben enfocarse en atender directamente a la MiPyME. Así el sistema se complementa, no compite en condiciones desiguales.
3. Fondo nacional con perspectiva productiva de género: apoyar con financiamiento dirigido a empresas lideradas por mujeres, con enfoque en sostenibilidad, permanencia y escalabilidad. No es asistencialismo: es desarrollo económico con rostro.
4. Régimen fiscal de transición para la microempresa formalizada: crear un régimen voluntario con tasa reducida de ISR y facilidades de cumplimiento, ligado a resultados: inversión en equipo, contratación formal y uso de tecnología. Evaluado anualmente. Sin amenazas ni retroactividad.
La informalidad no es un delito, pero sí una tragedia si se institucionaliza por omisión. México necesita más que programas y promesas: requiere un sistema financiero y fiscal que confíe en quienes sí trabajan, producen y arriesgan. Y eso empieza reconociendo que las MiPyMEs no son el problema: son la solución que nadie ha querido tomar en serio.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN
Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y legal.