La transparencia como herramienta, principio, valor institucional y conjunto de prácticas aplicables al terreno de lo público, es un elemento imprescindible del paisaje institucional actual de todo Estado democrático constitucional.

La mayoría de los Estados que cuentan con una constitución escrita consolidada en un único texto fundamental, como es el caso de nuestro país, generalmente establecen la transparencia de manera expresa o en términos de sus ineludibles conexiones con el derecho humano de acceso a la información y con el principio de rendición de cuentas.

Por su parte, en aquellos países que no cuentan con una constitución de ese tipo, la transparencia, en cualquier caso, se deduce de otros conceptos, valores y principios que, generalmente, se les da forma a través de la interpretación de órganos facultados al efecto.

Las columnas más leídas de hoy

Sin embargo, en cualquiera de los casos, la sustancial consolidación de una cultura del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, que redunde en mayor confianza pública y legitimidad, no depende de la inclusión de principios y valores en un texto constitucional y/o del cumplimiento de obligaciones de transparencia taxativamente establecidas y a cargo de las instituciones o sujetos obligados en materia de transparencia; sino del involucramiento ciudadano que se logre generar y que, en todo caso, debe estar permeado por un pleno y permanente acceso a certezas relevantes para el ejercicio de derechos y libertades, así como por una estrecha comunicación de ida y vuelta entre las personas y sus instituciones.

Lo anterior, idealmente, en relación con los entornos más cercanos o pertenecientes a los ámbitos y niveles de gobierno con los que la ciudadanía tiene en su vida diaria un mayor y más frecuente contacto: como son las alcaldías o municipios.

Porque es en este contexto en el que hay que valorar aspectos como las estructuras de gobierno, los mecanismos de creación, implementación y evaluación de las políticas públicas y la justicia social.

También puedes leer

Dicho de otro modo, es en ese ámbito, el de las alcaldías, en el que se debe de aprovechar la oportunidad de trabajar para abonar a la legitimidad de las instituciones y a la de su gestión.

Lo anterior, a través de la generación de espacios para la recepción y captación de los intereses, las preocupaciones, las demandas y las necesidades de la gente que permitan su canalización y oportuna atención; así como para también el incluyente y abierto involucramiento de la ciudadanía en los temas públicos.

Involucramiento que al pasar por la transparencia, no solo es susceptible de incentivar la mejora de la gestión pública, sino de mejorarse gradualmente, desde una óptica cualitativa, al estar cimentado en certezas disponibles y accesibles en condiciones de equidad por y para las personas y posibilitar en consecuencia, el efectivo control sobre el quehacer público y lo que les es propio por derecho.

Julio César Bonilla en Twitter: @JulioCBonillaG