Si algo ha dejado en evidencia el grotesco episodio de las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro es que la derecha mexicana, además de ignorante y saqueadora, es descarada. Pero lo más indignante no es lo que ha hecho la alcaldesa tiktokera Alessandra Rojo de la Vega; lo que realmente duele es lo que no ha hecho el Gobierno de la Ciudad de México: defender el patrimonio histórico con la fuerza y las herramientas legales que tiene a su disposición.
El pasado 16 de julio, Rojo de la Vega se aventó el numerito mediático más vulgar de lo que va del año: mandó retirar ilegalmente el monumento “Encuentro”, ése que conmemora el histórico encuentro entre Fidel y el Che en la Ciudad de México, instalado desde 2018 con todas las autorizaciones en regla. Alegó supuestas “irregularidades”, se aferró a un discursito barato de “recuperación del espacio público” y remató con la típica estrategia de la derecha reaccionaria: posar para las cámaras mientras saquea la memoria colectiva.
Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol: la derecha vive del show barato y el saqueo cultural. Lo que indigna es la tibieza y complacencia de la administración de Clara Brugada y, sí, también de la presidenta Claudia Sheinbaum, que reaccionaron tarde, mal y de manera completamente insuficiente.
Mientras vecinos denunciaban la desaparición de las estatuas y activistas culturales exigían su devolución inmediata, ¿qué hizo el gobierno capitalino? Publicar tuits diplomáticos y declaraciones tibias, sin tomar una sola medida concreta para frenar el robo en tiempo real. Sheinbaum apenas atinó a preguntar, como si estuviera sorprendida: “¿Por qué no las entregan y las ponemos en otro lado?”. La pregunta correcta habría sido: ¿por qué permiten que una alcaldesa menor se robe el patrimonio de la ciudad sin consecuencias?
La Secretaría de Planeación dijo lo obvio: que la remoción fue “ilegal”. Pero todo quedó en palabras huecas, porque al día de hoy, las estatuas siguen secuestradas por una alcaldesa que se burla del poder capitalino. Ningún procedimiento administrativo. Ninguna denuncia penal. Ninguna inhabilitación. Solo declaraciones tibias mientras la derecha se ríe en la cara del gobierno.
Este episodio demuestra que, cuando se trata de defender la historia, el gobierno capitalino prefiere esconderse bajo el eufemismo y el cálculo político. Se visten de “progresistas”, pero son incapaces de aplicar la ley frente a un acto burdo de saqueo institucional.
Cuando la calle responde más rápido que el gobierno
Fue la ciudadanía quien reaccionó primero, no el gobierno. Fueron los vecinos, los colectivos culturales y los activistas quienes gritaron el robo. El gobierno se escondió tras excusas burocráticas. Tepito Zona de Arte calificó la acción de la alcaldesa como una agresión directa contra el derecho a la cultura, mientras habitantes de la zona denunciaban que el verdadero problema del parque es el abandono, no las estatuas.
Esto no se puede permitir. Porque cuando desde el poder se envía el mensaje de que cualquier funcionario menor, cualquier alcaldesa oportunista, puede levantar estatuas, borrar memoria y reírse de la autoridad, estamos cavando nuestra propia tumba política. Estamos mostrando debilidad donde deberíamos ejercer firmeza.
Lo que el Gobierno de la piudad pudo —y aún puede— hacer
Las herramientas legales existen, pero brillaron por su ausencia. El gobierno de la ciudad debió, desde el primer momento:
- Iniciar un procedimiento administrativo inmediato contra Rojo de la Vega por ejercer actos de autoridad sin facultades legales.
- Presentar una denuncia penal por ejercicio indebido del servicio público y apropiación ilícita de bienes públicos.
- Exigir la restitución inmediata de las estatuas mediante acciones judiciales.
- Iniciar un proceso de inhabilitación por desobediencia a normas patrimoniales.
- Solicitar intervención del Congreso local ante el incumplimiento reiterado de obligaciones legales.
Nada de eso ocurrió. Y lo más grave: todo eso aún puede hacerse, pero el gobierno sigue eligiendo la pasividad.
O reaccionamos, o seguirán saqueando
Este episodio debería ser una lección dolorosa: si un gobierno progresista permite el saqueo de la memoria histórica sin consecuencias, está firmando su propia rendición política. Está regalando la victoria moral a la ignorancia y a la manipulación reaccionaria. Está dejando claro que el poder que detentan es de utilería.
Y lo peor: está enseñando a los saqueadores que pueden hacer lo que quieran mientras presuman en TikTok. Pueden destruir memoria histórica, mentir en público y quedarse con lo que no les pertenece sin enfrentar la ley.
Total, al fin que aquí cualquier alcaldesa influencer puede hacer lo que le venga en gana: robar estatuas, inventar pretextos, secuestrar la memoria colectiva… Y al gobierno solo le falta aplaudirle. Eso sí, cuando vayan a remover a Benito Juárez para poner una máquina de frappés, esperemos que al menos Clara Brugada levante la ceja. Por lo pronto, en Cuauhtémoc ya aprendieron la lección: gobernar no es obligatorio, pero robar con impunidad, al parecer, sí.
X: @Renegado_L