El gobierno mexicano, y en particular, el presidente AMLO y la Secretaría de la Defensa Nacional, han sido objeto de un hackeo profesional perpetrado por un grupo denominado Guacamaya
De acuerdo a la información obtenida, el presidente AMLO está delicado de salud y ha sido objeto de seguimiento por parte médicos especialistas. En adición, se ha filtrado información relacionada con el mando militar, y muy alarmantemente, con la orden del presidente mexicano de liberar a Ovidio Guzmán tras su detención en una operación en julio de 2020.
Esta información fue obtenida por el periodista Carlos Loret de Mola y dada a conocer a través de Latinus. ¿Por qué Loret? No lo sabemos. Esta infiltración en las comunicaciones del Estado mexicano no tiene precedente en la historia de nuestro país y representa una violación a la secrecía guardada por el Estado mexicano.
Huelga destacar que estos sucesos han sentado un precedente gravísimo. De ahora en adelante, los enemigos del Estado mexicanos, entre ellos, desde luego, las cabecillas del crimen organizado, son conscientes de la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de las instituciones responsables de la seguridad interna del país. Por ello, y en aras de poder dar continuidad a las labores de protección de la ciudadanía, los líderes políticos deberán diseñar una estrategia que haga imposible que una situación de esta naturaleza tenga lugar nuevamente.
También tiene repercusiones políticas. La oposición, trátese de cualquier partido político, sabrá de antemano cuan fácil es posible acceder a información confidencial que vulnere al presidente en funciones. AMLO, por su parte, no negó el contenido de la información. Por el contrario, confirmó el hecho relacionado con su estado de salud.
Irónicamente, AMLO, como elemento de sus controversiales declaraciones que han lastimado el prestigio internacional de México, ha salido desde hace meses en defensa de Julian Assange, quien fue, justamente, el responsable de haber filtrado información secreta del gobierno de Estados Unidos, en una clara violación de las leyes federales de ese país.
¿Cómo podrá AMLO continuar con su cantaleta en defensa de un criminal cuando él mismo y su gobierno han sido víctimas de una infiltración ilegal de sus comunicaciones?
En suma, los actos perpetrados por Guacamayas no únicamente han expuesto las debilidades del Estado mexicano en materia de ciberseguridad, sino que han puesto en jaque a un presidente que ha gastado su tiempo matutino en la defensa abierta de un criminal, quien bajo el lema de la “libertad de expresión” ha violado la ley.
Ningún demócrata genuino se atrevería a negar la libertad de expresión. Sin embargo, esta debe estar acotada por la Constitución, por las leyes y por el derecho vigente. Hasta el mismísimo AMLO debería comprenderlo.