21 de septiembre de 2021 | 11:41
Opinión

La paradoja de la consulta

La consulta popular, está condenada a la inutilidad y a la ineficiencia.
Consulta Popular
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Un antecedente de la consulta popular que se llevará acabo el próximo 1 de agosto, se encuentra con el proceso de Restauración de la República - como se le conoció -, cuando en agosto de 1867 Benito Juárez convocó a elecciones para elegir presidente de la República, diputados al Congreso de la Unión, Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, gobernadores de los estados y legisladores locales.

Se trató entonces de detonar la elección de las autoridades para iniciar el nuevo momento republicano, después de la intervención francesa, de su derrota y retiro del país, simbolizadas con el fusilamiento de Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía. En efecto, con el arribo triunfante del presidente Juárez a la capital del país en julio de 1867, quedaban atrás cinco años de guerra contra la Intervención y contra el Imperio; hacia delante se encontraba el licenciamiento de buena parte de las tropas del ejército y de la sanción a los enemigos.

Junto a la convocatoria para elegir a las autoridades, se formuló una consulta o plebiscito que planteaba la posible reforma a la constitución de 1857 para crear la Cámara de Senadores, otorgar al presidente la facultad de vetar las resoluciones legislativas que no reunieran los dos tercios de los votos, facultar al presidente para dar informes por escrito, así como limitar la atribución de los diputados para llamar a sesiones extraordinarias de trabajo.

Como se recordará, gravitaba en el contexto de tales reformas el referente de las declaraciones del presidente Comonfort, en su autogolpe, cuando declaró que con esa Constitución no se podía gobernar y que fue uno de los prolegómenos de la guerra de reforma o de tres años. El Código de 1857 contemplaba una sola Cámara, la de Diputados, un régimen de gobierno con perfiles parlamentarios y un poder ejecutivo débil. Así, se pretendía realizar modificaciones que construyeran una mejor estructura jurídica de gobierno y que, por medio de dicha consulta, fuera posible obviar el proceso complejo de la aprobación de reformas constitucionales a través de las legislaturas de los estados.

La consulta que había de realizarse, de forma concurrente con las elecciones a las que se convocó en agosto de 1867, generó la división de los liberales, pues una de las corrientes no estaba de acuerdo con tales iniciativas, especialmente con la conformación de la Cámara de Senadores, a la que se le consideraba de corte aristocrático. De esa fractura provino la búsqueda, dentro de una fracción de los propios liberales, a que hubiese un candidato presidencial opositor a Juárez, lo que derivó en la postulación de Porfirio Díaz a dicho cargo.

El carácter controvertido de dicha consulta llevó a que no fueran dictaminados sus resultados y que, obviamente, no fueran implementadas las reformas previstas. Después, Sebastián Lerdo de Tejada, ya como presidente, insistiría en la realización de algunas de ellas, de modo que en 1874 se aprobó la creación del Senado de la República.

Transcurridos 154 años de la de 1867, esta nueva consulta se encuentra inmersa, otra vez, en una gran controversia y en la amenaza de no tener efectos claros para ser instrumentada, tal y como ocurriera hace más de siglo y medio antes. A diferencia de aquella, la de ahora habrá de realizarse como un evento específico y no de forma concurrente con las elecciones, lo que eleva sustantivamente su costo y hace más aguda la polémica sobre su pertinencia, especialmente a la luz de las ingentes necesidades que se afrontan para canalizar inversiones de carácter social y con sentido de urgencia, como lo es en el ámbito de la salud y de la seguridad, que tanto demanda la población.

Se encuentra en camino una consulta que tiene, además, el grave problema de la redacción de la pregunta que se formula, lo que contraviene uno de los imperativos que éstas deben observar, respecto de la claridad del texto que se somete a la consideración de la ciudadanía. Lamentablemente, se encuentra extraviado tanto el propósito que la anima como el recurso que se emplea; en ese sentido, la consulta popular, que sin duda es un instrumento de gran valía – a condición de que se sepa emplear – está condenada a la inutilidad y a la ineficiencia. Se inserta, más bien, como un recurso de carácter retórico y a la manera de una medida publicista. Toda una paradoja para un instrumento inspirado en la democracia directa y que debiera estimular la participación de la sociedad para asuntos que acreditan el auténtico interés público.