La corrupción en el ejercicio de las actividades de gobierno es una forma de privatizar la política; no sólo es, como resulta obvio, una práctica delictiva por medio de la cual un empleado público obtiene beneficios ilegales a través del desempeño de su cargo.

Se privatiza la política a través de la corrupción porque así se expropia de su sentido y racionalidad pública, para ser sometida a intereses privados. Como ocurre en las tiranías, en las dictaduras o en los sistemas autoritarios – pero no sólo en ellas -, la actividad gubernamental tiene a devenir en un asunto reservado; es decir, inscrita en una práctica decisoria en la adjudicación de contratos, celebración de servicios y canalización de inversiones, donde se pretende el beneficio de algunos que, de manera discrecional y arbitraria, son favorecidos. La perspectiva marxista acredita o explica el fenómeno inscrito en la dominación de una clase sobre otra, con el Estado como su instrumento.

Desde la óptica de la corrupción, si la razón pública que motiva al gobierno se imbrica con los intereses de quienes alcanzarán beneficios directos por las decisiones asumidas y en el ejercicio del gasto, tales intereses llegan a dominar y ordenar la esfera decisoria. Así la política se privatiza, se pone a la disposición de intereses particulares; mientras, por su parte, el régimen político se ocupa de ocultar las evidencias y formula una retórica que pretende legitimar, en sus aspectos generales, las decisiones adoptadas; pero evitando desbrozar los aspectos instrumentales. De ahí que sea, siempre, motivo de sospecha cuando se decide reservar información respecto de los contratos de una obra pública o cuando se generaliza el recurso de las adjudicaciones directas.

Las columnas más leídas de hoy

Los griegos emplearon una palabra de difícil traducción, hybris, para referir el exceso o defecto de riquezas y de poder, de violación a la norma de medida o de los límites que se deberían observar. La democracia se asumió como igualdad, libertad y con la edificación de un espacio público para la expresión de la voluntad de los ciudadanos y, en ese sentido, como un régimen de gobierno opuesto al dominio tiránico u oligárquico. La hybris rompía la auto moderación y llevaba a los abusos; la democracia buscaba eliminarla y, de no hacerlo, se invertían los papeles, aquélla eliminaba a ésta.

En ese sentido, es evidente la necesidad de combatir la corrupción, pues ella distorsiona la vida pública, fractura a la República y privatiza al gobierno; ahora que se ha realizado una consulta para considerar si se deben investigar posibles actos de corrupción del pasado, no cabe preguntar, a su vez, si tal consulta es inocua respecto de las responsabilidades del gobierno y de su titular respecto de observar y hacer observar la Constitución y las leyes emanadas de ella. ¿acaso si la respuesta de la consulta es negativa, no se deben investigar los actos del pasado? ¿si la consulta no resulta vinculante por falta de la concurrencia del mínimo requerido para acreditarla, son entonces inescrutables actos precedentes de corrupción?

Pareciera que se trata de usar selectivamente la corrupción del pasado como propaganda política, pues a pesar de la afluencia de investigaciones e informaciones sobre presuntas prácticas corruptas, las sentencias judiciales que las castiguen se muestran, en general, ausentes; la consulta, consulta sobre lo que debe hacerse sin consulta. Entonces los indicios hablan de una intención de estigmatizar el pasado, más allá de la justicia y de hacerlo de manera selectiva, pues nada se ha dicho sobre desclasificar la información reservada de la obra del segundo piso del periférico o de profundizar y visibilizar el análisis y presuntas responsabilidades sobre el derrumbe de la línea 12 del metro, y de la necesaria revisión de las adjudicaciones directas del pasado, pero del pasado inmediato.

Combatir la hybris, pero hacerlo en serio, nos dirían los griegos de la democracia ateniense.