La intención de generar un ambiente propicio para el proceso electivo, liberándolo de la influencia abierta o velada que ejercía el gobierno a través de sus programas sociales, así como del activismo prosélito de sus funcionarios y empleados, condujo a la propuesta de imponer una veda encaminada a impedir los intentos de manipulación derivados de tales actividades. De manera expresa, la reforma electoral de 1994 y los acuerdos que de ella derivaron tuvieron entre sus puntos importantes dicha veda, así como el nombramiento del primer fiscal especializado en delitos electorales, entre otros aspectos.

La tesis de interrumpir el protagonismo del gobierno en la etapa electoral ganó consensos y así se convirtió en acción necesaria e incontrovertible hacia el propósito de fortalecer la vida democrática del país. Los fundamentos que la impulsaron lejos de llevar a su debilitamiento la fortalecieron, pues la naturaleza de la función gubernativa y de los recursos en los que se sustenta el despliegue de sus programas sociales, en un caso tiene un claro sentido público y en el otro pertenecen al conjunto de la sociedad que es quien los financia, por lo que ha sido consecuente evitar que deriven en apropiación de un partido político, un candidato o del encausamiento del gobierno para beneficiar al partido del que proviene.

La inseguridad que azota a las y los candidatos

Sin embargo, pareciera que ahora en vez de veda se tiende un verdadero tornado electoral con repercusiones múltiples; desde luego está la inseguridad que azota a las y los candidatos, lo que ha llevado a una lista alta de agresiones y asesinatos que convierten en peligrosa la realización de campañas políticas y que marca una tendencia grave si se suma a las muertes de periodistas y, en general, al clima de inseguridad que se vive.

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La postura de subordinar la veda electoral a un ejercicio irrestricto de libertad de expresión y de opinión del gobierno, introduce un mensaje que hace prevalecer un punto de vista específico sobre acuerdos y consensos que tienen un trayecto importante en el marco de la discusión pública, de manera que acaba por violentar un ambiente que, ya de por sí, habla de violencia. Nuestro régimen presidencial confiere un importante menú de facultades al jefe del poder ejecutivo federal, pero el presidencialismo suma otras que pueden ser más estratégicas, precisamente porque no se encuentran expresamente expuestas ni reguladas; si se persevera en ellas se estará trayendo fantasmas del pasado que se pensó estaban conjurados o descontinuados.

El enrarecimiento que se vive se agudiza con los acontecimientos que tienen lugar en Tamaulipas, en el sentido que asoma ahora el uso de una medida que se había erradicado de la práctica parlamentaria -ciertamente no de las facultades del Senado-, referente a la declaratoria de desaparición de poderes que, como se ha comentado, contiene una clara genética presidencialista.

En efecto, el uso de la facultad de desaparición de poderes estuvo conectada, en el pasado, al acervo de las medidas que, de facto, implementaba el presidente de la República, para disciplinar a los gobernadores de los estados, especialmente en la primera fase post revolucionaria que llega hasta 1940. Después de verse relajado su uso, destaca su recuperación en el gobierno de Luis Echeverría; de retomarse ahora esa acción, se insertaría en el proceso de cierre de las campañas, del acto electoral y como parte de un mensaje que polariza, precisamente cuando se afinan las últimas definiciones discursivas, de propaganda y de interlocución hacia el electorado.

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Veda electoral

Traducir la veda electoral en un tornado electoral no parece lo más sensato, especialmente cuando la convocatoria inmediata debe mirar hacia la superación del duelo que deja la pandemia, al fortalecimiento de la infraestructura y de los servicios de salud, la necesidad de la recuperación económica, el imperativo de mirar hacia un segundo trienio de gobierno – sean cuales fueron los resultados de las elecciones – que permita detonar el desarrollo del país, de sus regiones y de su población, retomar acuerdos después de la contienda.

Cierto que la política es la continuación de la guerra por otros medios; pero si esos otros medios que se pueden y deben emplear en la política no se usan o no sirven, lo que queda es la hodemocrática l endurecimiento, la polarización y, en el extremo, la guerra. Se trata, pues, que la política sirva para erradicar la violencia, no para atraerla. Ir de la veda electoral al tornado electoral no es un buen camino, ni un buen mensaje.