El conflicto en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) antes llamado TRIFE, tiene una destacada arista respecto al estado de derecho con el imperio de la ley y sobre todo con la división de poderes, y no debe dejársele de ver como un asunto más en el que se atisba la intervención inadecuada del titular del Poder Ejecutivo, siendo cada día más claro el tamiz de autoritarismo y esa condición de omnipotente con que pretende catapultarse el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tema de fondo es que quien controle la Sala Superior del TEPJF tiene la última palabra para sancionar toda determinación en materia electoral incluyendo las que dicte el Instituto Nacional Electoral INE (del que ya sabemos no está en la gracia del presidente de la República), cuyas determinaciones no impactan solamente en la época de elecciones a los partidos políticos sino que tal como se le ha venido fortaleciendo a lo largo de la historia moderna del país, es una institución que influye de alguna u otra forma a todo el engranaje; impacta a los particulares porque regula la actuación de las personas en relación con actividades que no se limitan a la época electoral; impacta la actuación de los gobernantes o funcionarios en cualquiera de las tres funciones del poder federal (ejecutivo, legislativo y judicial), incluso de los del ámbito local tanto en lo municipal como en entidades federativas; y tiene que ver con la severidad en el control de la actuación y de la elegibilidad global, es decir impacta prácticamente en la vida nacional completa ya que de cómo se califique un acto electoral repercute nuestra creencia global.

El conflicto al seno del TEPJF, fue derivado de un señalamiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de José Luis Vargas, quien hasta hace unos días era presidente de la Sala Superior de dicho Tribunal.

El famoso “Varguitas”, ha sido acusado por enriquecimiento ilícito, y abusos de autoridad, entre otros cargos, y esto produjo un colapso interno donde algunos magistrados determinaron, -quizá aplicando el derecho de una manera inadecuada-, la destitución de su presidente, y digo inadecuada porque existen leyes y normas que establecen cuándo y cómo se elige al presidente del tribunal y las causales y las formas para poderlo destituir o modificar ese estatus. De tal manera que la forma en que lo hicieron los magistrados, por más que se pueda señalar de justificada por la mancha que estaba produciendo al seno de la institución, no deja de ser cuestionable.

Además de ello, los magistrados incurrieron en otro acto inadecuado cuando acordaron elegir a otro presidente y designaron en votación a Reyes Rodríguez Mondragón, motivando que el magistrado Vargas acudiese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a apelar la acción.

La controversia en este asunto ha sido aún mayor a propósito del involucramiento del propio titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, quien antes de que siquiera se manifieste la Corte emitió un voto fuera de contexto donde repudió a José Luis Vargas, pero también la forma en que se le destituye, así como la acción y elección de los magistrados, y termina por conminar a renunciar al recién elegido presidente sustituto y a todos los magistrados.

“Lo mejor es que renuncien todos y se limpie ese organismo, esa institución, que haya una reforma electoral, y es lo mismo que requiere el INE, porque está igual, y eso lo hemos dicho durante años”, enfatizó el presidente.

Hay que recordar que el ex titular del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez es investigado en tres países, Estados Unidos de América del Norte, España y Canadá, según dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las áreas de delitos financieros de España y Canadá rastrean movimientos inusuales del magistrado; la petición es para aportar elementos adicionales en las dos denuncias que la UIF mantiene ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras la acusación por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada, que superan los 140 millones de pesos.

El magistrado José Luis Vargas, a quien también se le conoce como “Magistrado billetes”, comenzó a ser llamado de esa manera debido a los seguimientos de la UIF en su contra, tras dar a conocer que encontró que el magistrado cuadriplicó sus ingresos en cuatro años.

En abril del 2013, cuando Vargas Valdez ejercía como abogado de asuntos electorales, declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos. Pero para 2017, ya como magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron, al reportar 7 millones 270 mil 317 pesos.

De acuerdo con MVS, la UIF indicó también tienen registros de movimientos irregulares de dinero por 14 millones de pesos entre 2016 y 2018, en una tarjeta American Express a su nombre.

Por lo anterior, la dependencia había solicitado que se congelaran sus cuentas, ya que había discrepancias fiscales entre sus ingresos y cuentas bancarias. No obstante, dichas acusaciones fueron olvidadas cuando asumió la presidencia del TEPJF en noviembre del año pasado.

Si las autoridades extranjeras encuentran irregularidades la investigación se convertirá en internacional y se procederá a bloquear las cuentas bancarias del magistrado, se dijo recientemente.

Además, se informó que el 1 de septiembre se emitirá la convocatoria para designar una nueva titularidad en la Presidencia de la Sala Superior del TEPJF, que por ahora encabeza el titular interino Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Será entonces en el marco de la ley como se designe al nuevo titular del Tribunal Electoral, pero lo que no deja de llamar la atención es el oportunismo presidencial de parte de López Obrador para, tal como lo ha hecho a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tener la injerencia que estaba buscando en el Tribunal Electoral.

“El estado soy yo”, es una frase atribuida al rey Luis XIV, de Francia a inicios del siglo XVI, que significaba que el soberano estaba por encima de la ley, mientras que el pueblo tenía la calidad de súbdito sometido a la autoridad del monarca. Pero el absolutismo monárquico no tiene cabida en una democracia como la que hasta ahora ha prevalecido en nuestro país, por más que López Obrador pretenda tener injerencia en los tres poderes del estado mexicano, y debiera mantenerse al margen.

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