A la luz de los más recientes acontecimientos, Morena y sus aliados conseguirán llevar a cabo la reforma judicial. Con sus anheladas mayorías calificadas, iniciarán en septiembre una serie de reformas constitucionales que trastocarán para siempre –o por mucho tiempo– el panorama nacional.

La mala noticia es que no saben ni qué harán. Por un lado, no cejan en su empeño de hablar sobre la elección de magistrados y ministros por sufragio universal como si esta reforma no representase un futuro caos en términos logísticos, presupuestales y operativos, tanto para el INE como para las arcas del Estado.

Por el otro, no han sido capaces de expresar cómo será posible que los ciudadanos acudan a las urnas para brindar la mínima “legitimidad” a unos comicios sin pies ni cabeza, y menos aun, cómo votarán millones de personas antes listas con nombres de personas desconocidas. ¿Se imagina el lector el nivel de participación? ¿Será algo así como la consulta sobre el juicio a ex presidentes o la burla del avión presidencial?

En adición a esta pesadilla administrativa, logística, presupuestal y operativa se suman otras problemáticas. Entre ellas destaca el nivel de incertidumbre que se enviará a los inversionistas ante una posible “transformación” del Poder Judicial.

En este contexto, los inversionistas nacionales y extranjeros, ante la eventual conformación del Congreso y de cara a la inminente reforma al Judicial, podrían preguntarse: ¿Vale la pena invertir en un país que atraviesa una “transformación” en materia de designación de jueces y magistrados?

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¿Será recomendable expandir mi mercado en un país cuando existe incertidumbre sobre quiénes serán los jueces en materia mercantil que atenderán mi caso ante una violación de las cláusulas de la mi contrato? ¿Qué juez protegerá mis intereses ante una posible intervención ilegal del Estado? ¿Qué ocurrirá con los casos judiciales en curso si el juez en funciones no “gana” los comicios y es destituido?

Otro daño sería la probable participación del crimen organizado. Como es bien sabido, los cárteles de la droga controlan buena parte del territorio nacional. En este tenor ¿no quedarían los “candidatos” a merced de las amenazas, extorsiones o atentados por parte de los criminales?

En suma, la reforma al Poder Judicial conlleva riesgos de gran envergadura para el futuro de México, tanto a nivel presupuestario y operativo como en términos de las probables consecuencias de su implementación.