Theda Skocpol y Joe Migdal, tremendos científicos sociales y politólogos, nos enseñaron desde hace tiempo que el poder de los estados y sus poderes públicos no es en los hechos absoluto y que sus administraciones no son monolíticas y estables.
Especialmente en los países del gran Sur, pero también en el Norte, los estados y sus aparatos de gobierno operan en contextos de sociedades muy fuertes, ante las cuales no es tan fácil cumplir funciones básicas tales como la de regular, conducir, cobrar impuestos, redistribuir recursos, reproducir ideología, comunicar o convencer.
Por lo general, el Estado es más débil que las sociedades y se encuentra de manera constante desafiado por una miscelánea de actores e intereses diversos que influyen, condicionan o capturan a las oficinas de gobierno, a gobernantes o funcionariado.
De acuerdo con la experiencia, en las sociedades del Sur los impulsos liberales en lugar de generar mercado libre y justo, a través de él fortalecen aún más a los grandes poderes de la sociedad en contra del Estado y lamentablemente en perjuicio de la mayoría popular que queda atrapada entre tales fuerzas y relaciones desiguales.
Un Estado así maniatado pierde capacidades, eficacia y legitimidad. La solución es obvia: un liderazgo alterno apoyado en movimientos populares se decide a recobrar los poderes enajenados, desvincularlos de los poderes salvajes que lo exprimen, y reponer su autoridad.
Obvio, este es el doloroso caso de México en el que ante cada oleada liberal descompuesta al final e inicio de los cuatro siglos recientes, del XVIII al XXI, le ha exigido reliberarse, ya sea de poderes extranjeros, eclesiásticos, militares, mercantiles o financieros o todos mezclados.
Si se observa con detenimiento, los cambios constitucionales y legales aprobados recientemente por la coalición gobernante en los sectores de energía, telecomunicaciones o seguridad, transparencia o competencia económica persiguen ese tipo de propósito. Y lo mismo pasa en el sector justicia.
Las elecciones judiciales de junio de 2025, inéditas en la historia y el planeta, con toda su complejidad y limitaciones, implican no solamente un cambio en la forma de nombramiento, sino un esfuerzo mayúsculo, bastante perfectible y sometido a prueba para recobrar a través de una modalidad radical de democracia popular la independencia y eficacia de la judicatura. Doy por supuesto que no hay garantía automática de éxito.
El común denominador de un buen número de reformas y acciones legislativas y ejecutivas, y próximamente de criterios jurisdiccionales relevantes, es el blindaje de los poderes y aparatos de gobierno y administración, así como la remoción de los obstáculos para comenzar a revertir la captura, reponer derechos colectivos, y recobrar autoridad sobre territorio minado, órdenes jurídicos ilícitos, personas o relaciones socioeconómicas y políticas mercantilizadas o pervertidas por el (des) orden neoliberal.
No es ni será un proceso rápido, fácil, sencillo y tampoco pleno, o bien pulcro. No.
Las relaciones de poder no se redefinen y se mantienen estáticas. Las pugnas y luchas continuarán en unos sectores más y en otros menos con diferentes resultados. Cada sector del estado-gobierno, enseñan Skocpol y Migdal, es un campo de batalla y confrontación.
El punto es lograr que los balances temporales favorezcan sosteniblemente a la mayoría popular y a la sociedad en su conjunto, aunque los perdedores netos en la correlación entre “deber y haber” no lo aceptarán jamás y trabajarán para evitarlo o revertirlo. Así ocurrió cuando se dieron las desviaciones de las tres transformaciones previas mediante el santanismo dictatorial, el porfirismo tardío o el neoliberalismo depredador.
En ese juego de fuerzas en el que se fortalece o debilita el Estado y la constitución, el tiempo es un factor clave pues los calendarios electorales predeterminados marcan la hora como relojes suizos, inexorables.
Mientras más se aproxima la renovación de la mitad de la representación política federal y local en 2027, incluido ahora el entramado judicial, y de la otra mitad de los cargos locales, además del Senado y la Presidencia de la República en 2030, los balances y resultados deberán avalar o no la continuidad del nuevo régimen de capacidades en reconstrucción.
Este periodo de reestatalización es obligado y a la vez constreñido por los lastres del naufragio del más reciente navío liberal, que fuera otra vez capturado y conducido a una bahía sin salida a merced de filibusteros, piratas y mercenarios.
La responsabilidad de las y los nuevos Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz o José María Morelos, Miguel Méndez, Marcos Pérez o Benito Juárez y Margarita Maza; Melchor Ocampo, Sebastián Lerdo o Porfirio Díaz (el héroe y estadista); Ricardo y Enrique Flores Magón y su valerosa hermana, Margarita Ortega, o Emiliano Zapata y otros y otros liderazgos más, respaldados en su rectitud y convicciones, la voluntad popular y la inteligencia acumulada, habrá de hacerles ingresar a la galería de héroes y heroínas posmodernas de nuestra postrera regeneración.
Es eso, o bien, prepararnos para: a) Un desastre aun mayor que el que pretendemos remediar, b) El regreso del neoliberalismo reformado, que ya trabaja para tal efecto, c) Una síntesis de las dos tendencias principales en pugna. Por ahora, ojalá que el poder logre sí poder