No estuve ahí cuando los comandos armados recorrieron las calles. No escuché las detonaciones y los gritos de terror al paso de los sicarios armados hasta los dientes, matando indiscriminadamente.
No vi los enfrentamientos, ni escuché las balas pasar silbando sobre mi cabeza, ni el terror de mujeres, hombres y niños en ese terrible fin de semana, cuando la sangre de inocentes fue derramada en las calles de Reynosa.
Pero el hecho de no haber estado ahí, no impide compartir su dolor, sentir su impotencia, exigir castigo para los culpables y expresar mi solidaridad con los habitantes de esa ciudad hermosa, de gente buena y trabajadora a los cuales los delincuentes les han secuestrado la paz.
De las definiciones de seguridad pública, coincido con la que describe a ésta como el derecho de las personas a vivir sin miedo. Considero que es la más adecuada, porque mientras exista la angustia provocada por la presencia de un peligro, las personas no pueden vivir en paz y por tanto, no habrá ni bienestar, ni felicidad. Este derecho ha sido arrebatado a los habitantes de Reynosa y de Tamaulipas desde hace tiempo.
No se trata de un caso aislado, sino de una situación que como tumores malignos aparecen en varios puntos de la geografía nacional.
Las autoridades deben ser capaces de un ejercicio mínimo de autocrítica. La misión de la policía es servir y proteger; el de las fuerzas armadas proteger a la población civil. El Presidente, el gobernador, el presidente municipal, la Guardia Nacional, las fuerzas armadas, la policía estatal y las fiscalías, la General y la de Tamaulipas, les fallaron a los ciudadanos.
Las corporaciones policiales y de impartición de justicia deben mejorar su coordinación en operativos, compartir inteligencia y actuar conjuntamente. ¿Acaso es imposible que esto ocurra? Si no es posible esta coordinación mínima, sería mejor que no existieran. Mientras que los titulares de los poderes ejecutivos federal, estatal y municipal tienen que dejar a un lado los pleitos, la politiquería y las descalificaciones en las que están entrampados desde hace tiempo. La generosidad de la ciudadanía tamaulipeca con los políticos ha sido enorme, pero no será eterna. Los servidores públicos y los representantes populares deben dar resultados de inmediato. Eso es lo que debemos exigir en apoyo de la población de Reynosa y de cualquier ciudad del país en donde los delincuentes quieran arrebatarnos la seguridad.
Una ocasión, un servidor público federal recién nombrado, me dijo que su mayor preocupación era fallarle al Presidente. Algo similar me comentó, otro servidor público estatal, su mayor preocupación era fallarle al Gobernador que lo acababa de nombrar. A ambos les conteste lo mismo: que lo que les debería preocupar es fallarle a los ciudadanos. Aguantaron la respuesta. Desconozco si cambiaron de opinión, pero me siguen hablando y contestando mensajes.
No renunciemos al derecho de exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades y la garantía de poder vivir sin miedo. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?