Claudia Sheinbaum y su partido quieren el “paquete completo”. En sus spots televisivos, la candidata oficialista, como lo hizo AMLO en 2018, pide abiertamente que se vote todo por Morena, desde la Presidencia de la República hasta legisladores federales, locales, gobernadores y alcaldes.

Sabedora de que será muy probablemente la próxima presidente de México, apuesta ahora a que su partido controle todo. Recupero lo que comentó ayer un analista político: “Claudia quiere hacer resurgir el autoritarismo priista, con la diferencia de que el PRI echaba mano de las prácticas meta constitucionales (como llamó Jorge Carpizo al dominio del PRI sobre los otros poderes) pero ahora Morena planea hacerlo a través de prácticas constitucionales”.

El gravísimo problema de un posible gobierno de Sheinbaum con el control del Congreso federal, y en consecuencia, de la Suprema Corte (tanto por la consecución del plan C como por el nombramiento del juez que integrará el tribunal tras el retiro del ministro Laynez) reside en el hecho de que el poder, por naturaleza,  no se limita a sí mismo.

Por el contrario, a la luz de la historia y de los múltiples casos de degradación democrática en el mundo, el poder, lejos de auto imponerse restricciones, goza de una tendencia natural –y peligrosa– de expandirse, y por tanto, de rebasar los límites establecidos por la legalidad constitucional.

Derivado de esto, son las instituciones autónomas, los contrapesos y la división de poderes los responsables de imponer restricciones al ejercicio del poder presidencial. Ante la ausencia, desaparición, debilitamiento o estrangulamiento de estos límites, el presidente de la República cuenta con vía libre para hacer renacer la “presidencia imperial”.

La historia del México moderno ofrece un testimonio por su propia cuenta. Mientras el PRI contó con mayoría en ambas cámaras federales, léase, desde la conformación del partido hasta las elecciones intermedias de 1997, el presidente ejerció un autoritarismo unipersonal sin cortapisas. Se violó la legalidad, los derechos humanos, se cometieron fraudes electorales y se atropellaron a las minorías legislativas.

Más tarde, la transición del 2000 y las posteriores reformas electorales hicieron posible que la nueva legislación, la conformación del nuevo Congreso y las nacientes instituciones autónomas  permitiesen el tránsito hacia un modelo marcado por la contención del poder presidencial y el pluralismo político.

Hoy ese modelo está amenazado. El PRI de antaño, con nuevos rasgos como el militarismo y el plan C, se ha transfigurado en el partido Morena. Sheinbaum, acompañada por ex priistas, luce dispuesta a ejercer un poder más cercano a una autoridad monárquica absoluta que a una República democrática.

El temido plan C, mismo que solo se concretará en una realidad con las reformas constitucionales ofrecidas si Morena gana la mayoría calificada en el Congreso federal, representa un retroceso sin precedente en la historia de la joven democracia mexicana. Con la destrucción del Poder Judicial y de las instituciones que perviven, un nuevo México autoritario luce amenazante.

Por lo tanto, la oposición, los líderes de opinión, la sociedad civil, los intelectuales y todos los mexicanos que conocen la historia del priismo autoritario, deben continuar sus esfuerzos dirigidos a evitar que, como sucedió en el periodo previo a 1997, un solo partido centralice el poder político. Y sí, la democracia está en juego.