Ningún gobernador, como el de Yucatán, ha recibido elogio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las proporciones del pasado jueves; ni siquiera los de su propia coalición han ganado reconocimiento tan generoso. En el PAN eso es tanto como el beso del diablo, pero no importa. Para cualquier gobernador llevar la fiesta en paz con el presidente es obligado, mucho más cuando hay gratitud y elogio de por medio.

Yucatán ha tenido muy buenos gobernadores. Dos destacan, Víctor Cervera del PRI y Patricio Patrón del PAN. Lo que ellos hicieron bien permitió a sus sucesores cosechar buenas cuentas. Destaca el desarrollo urbano de Mérida y la política de seguridad que inició con Cervera, quien se apoyó en Luis Saidén Ojeda, funcionario que ha repetido en el cargo desde 1995 con una pausa de 2001 a 2007, y a quien muchos le reconocen ser el factor para hacer de Yucatán el estado más seguro del país.

En ese mismo día de fiesta para el gobernador Mauricio Vila, la Fiscalía General de la República emitió boletín sobre la investigación del homicidio del joven Eduardo Ravelo, en la que se expresa que la Fiscalía del Estado habría manipulado pruebas para incriminar, ilegal e injustamente, a cuatro policías municipales como responsables de la muerte. Las autoridades federales tuvieron que atraer el caso a solicitud de la familia de la víctima, con el respaldo del presidente López Obrador. Los hechos ponen en su lugar a cada uno. La Fiscalía estatal pasa a la condición de acusado y los policías municipales de acusados a denunciantes.

En Mérida se han alzado voces exigiendo la renuncia del fiscal Juan León León. Los policías municipales acusados han denunciado a los funcionarios responsables y exigen justicia. El gobierno del Estado, en una acción típica de control de daños, ha señalado que no habrá impunidad, a pesar de que el anterior fiscal, Wilberth Cetina fue removido por escándalo de corrupción hace un año, y desde entonces ha prevalecido la impunidad.

El gobernador Mauricio Vila no debe eludir responsabilidad en ambos casos. Para cualquier autoridad es muy comprometedor y sumamente grave que sus fiscales sean responsables de ilícitos. No vale invocar autonomía. Para nadie es secreto que ambos llegaron a tal responsabilidad por el apoyo del mandatario estatal. El hecho se agrava por la privilegiada situación de la entidad no solo en materia de seguridad pública, sino de estado de derecho e imperio de legalidad. Pocos estados tienen un sistema de justicia de la calidad de Yucatán. Mauricio Vila podrá ser consentido del presidente, al menos verbalmente; pero está en jaque por omisión, descuido o mala entraña.

La pregunta obligada en este caso de incriminación deliberada a los policías municipales es si la actuación de la Fiscalía fue para complacer al gobernador o por consigna desde el mismo gobierno estatal, en un intento de afectar la imagen del alcalde de la capital, Renán Barrera, quien se perfila como muy seguro sucesor de Mauricio Vila.

La respuesta estará en lo que haga el gobernador. Si no hay renuncia del fiscal León León y la subsecuente investigación sobre su desempeño en el asunto, quedará la idea de que la protección resulta de una relación de complicidad.

De cualquier manera, el hecho es suficiente para prender los focos rojos en el PAN. El gobernador deberá recibir mensaje inequívoco de que ni dedazo ni veto. El próximo candidato será quien pueda mejor representar el PAN tanto por las buenas cuentas, como por su reconocimiento público, lo que apunta con claridad a Renán Barrera. La lección de Javier Corral y Maru Campos en Chihuahua deberá estar en mente.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto