Cuando se planteó en la reforma laboral de 2019 que se tendrían que legitimar todos los contratos colectivos de trabajo del país en un periodo de 4 años se abrió la más grande confrontación a la que se habían sometido los sindicatos corporativos (blancos, oficiales, charros) en toda la historia del derecho laboral contemporáneo, pues siempre habían gozado de la protección estatal a cambio de jugar la carta de controlar al sector obrero.

Pero los conceptos políticos cambiaron, las fuerzas sociales, el sistema productivo, así se fue demostrando que no controlan nada, no controlan el voto político, no otorgan ninguna certeza ni orden, por el contrario, son antagónicos de la producción pues constituyen una carga económica para las empresas al buscar enriquecer al líder.

La “protección” que venden para que no haya huelgas, que no entre un sindicato que pelee por los derechos de los trabajadores, que no se reclamen aumentos al salario, eclipsa el objetivo del anexo 23-A del TMEC, que busca justo lo contrario, otorgar libertad de asociación y negociación colectiva.

He de ser franco y siempre me ha quedado la duda de por qué el gobierno de Estados Unidos trataría de impulsar estos cambios en la democracia sindical en nuestro país, pues muchas de sus empresas radicadas en México han utilizado la estructura de los sindicatos protección por décadas, así como el “beneficio” de los bajos salarios que se pagan aquí, de tal suerte que la tesis de buscar repatriar las industrias al equiparar las condiciones de trabajo como lo planteaba Trump es muy endeble.

Primero porque el proceso de transformación de las condiciones laborales en México es un camino largo y estrecho, sobre todo si se va por el sendero de la organización sindical y obrera, pues esta ha sido totalmente pulverizada, los números lo demuestran, son mínimos los sindicatos a donde los trabajadores participan de alguna manera en los temas del contrato colectivo de trabajo.

De los 500,000 que se tienen registrados solo van 4,500 legitimados, lo que además se confirma con el número de huelgas que hemos tenido en los últimos años, casi las puedes contar con las manos, son mínimas las quejas laborales en torno al TMEC y son de un solo sector, el automotriz.

Un cambio antropológico y económico de esta magnitud no sucede por decreto.

Lo positivo de este proceso, el de la legitimación de contratos colectivos, es que miles de sindicatos charros y líderes no pasaran la prueba, se les ha terminado el negocio de la extorsión legalizada con una toma de nota.

Ahora queda enseñar a millones de trabajadores que pueden organizarse, que nunca necesitaron a un líder ajeno a fuente de trabajo y las cadenas de producción, un líder que nunca ha trabajado en la empresa que representa, que pueden dialogar con la fuente de trabajo, juntos encontrar equilibrio en la producción, en los ingresos y los salarios, en la búsqueda de mercados, de la productividad.

Twitter: @riclandero

Vladimir Ricardo Landero Aramburu, maestro en derecho, socio de Landero Asociados Bufete Jurídico.