Uno de los temas que más llamaron la atención de la toma de posesión de la nueva gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, fue su referencia al tema los trabajadores y sus condiciones de trabajo, la importancia de buscar justicia para las personas que sostienen el estado con su trabajo. El reto no es menor, pues muchos de los problemas sociales que se viven como la violencia, la descomposición social, la falta de vivienda, tienen una parte de su origen en la estructura productiva y salarial que ha prevalecido durante los últimos 35 años en el estado, degradando las formas de subsistencia de la sociedad y las familias.

Pero es que no hay una lógica que pueda explicar el atraso económico de la clase trabajadora del estado con relación al creciente desarrollo turístico que se ha experimentado; la gobernadora toma un gobierno en donde los trabajadores perciben uno de los más bajos salarios del país, mientras que la industria turística recauda el 50% de las divisas por turismo, que son más altas que las percibidas por el petróleo.

El gobierno federal, de la 4ta transformación de la que emana la nueva gobernadora, ha fijado como prioridad política los ingresos y la forma productiva, desmantelando el sistema neoliberal de producción, eliminando de raíz la subcontratación, tan proliferada en pagadoras a lo largo de Quintana Roo, así como a la simulación sindical, reformando la ley laboral para impulsar la organización obrera que respete la libertad de asociación. Mucho se ha establecido en el discurso al respecto, si no se atacan las formas que dan origen a la violencia, como es el ingreso digno de las familias, difícilmente se puede transformar sin violencia.

Una rápida reflexión: ¿Cómo explicar que a pesar de la importante mano de obra que hay en el estado no existan muchos desarrollos de Infonavit como se ven en Puebla, Querétaro o Aguascalientes? La respuesta es simple, los salarios de los trabajadores de Quintana Roo no son atractivos para las constructoras, por eso han estado a la deriva de vivir en zonas irregulares.

La Secretaría del Trabajo Federal está adoptando un nuevo giro en la política estatal en materia del trabajo, acaba de reformar su reglamento de inspección, para que se vigile el cumplimiento de las normas en las fuentes de trabajo, y allí hay una gran ventana de oportunidad para los gobiernos locales, en este caso el de Quintana Roo, para que asuman una postura activa sobre la vigilancia del estado de derecho laboral. Que no se siga simulando la subcontratación en el estado, que les integren a su salario las propinas a los trabajadores, que se les dé estabilidad en el empleo dejando de simular contratos temporales ilegales, que se respeten todos y cada uno de los derechos que establece la ley. En fin, hay muchas cuestiones que están dentro del ámbito del imperio del estado, que no pueden seguir dejándose de la libre regulación de las partes, en donde el trabajador ha venido perdiendo año tras año, década tras década, mientras trabaja en el duro sol del caribe.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu, Maestro en Derecho por la UNAM.

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