Como bien reza el refrán: no hay plazo que no se cumpla. El domingo que viene tendrán lugar las elecciones al poder judicial. Tras largos meses de escribir, debatir, litigar y llorar, el 1 de junio por la tarde se habrá consumado el mayor fraude electoral en la historia reciente del país.
Se buscará, mediante un supuesto ejercicio democrático, elegir jueces, magistrados y ministros sacados de las evaluaciones de unos comités dominados por Morena y el oficialismo. En adición, serán electos los miembros de un “tribunal” cuya responsabilidad será velar por el “buen desempeño” de los jueces; una suerte de jurado que determinará si un juzgador ha obrado bien o mal, y en su caso, decidirá si debe continuar o si es merecedor de una sanción.
Algunos analistas independientes han apuntado al hecho de que no todos los candidatos son cercanos al morenismo. Es verdadero. Sin embargo, lo que han omitido señalar es que los abogados sin filias morenistas (incluidos los candidatos en funciones) estarán sometidos al escrutinio y control del citado tribunal de disciplina.
En adición, la totalidad de los juzgadores, incluidos los que no son morenistas, deberán contar, si desean ser reelectos, con el apoyo logístico y financiero de los gobiernos. Esta realidad les coloca en una situación de dependencia y de sumisión en los hechos hacia el régimen.
Ha sido igualmente bochornoso y trágico ver la circulación de “acordeones” que no son algo más que una vulgar inducción al voto hacia cierto número de candidatos; entre las que se encuentran –como era claramente previsible– las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, amén de la consejera jurídica de AMLO.
Y no resulta sorprendente en absoluto ¿O el ciudadano de a pie puede conocer los centenares de nombres de candidatos y su área de especialización en el derecho? ¿O tal vez el votante ha dedicado más de diez horas a revisar detenidamente las semblanzas de cada uno de los postulantes con el propósito de formarse una idea en torno a las competencias de cada uno?
El dilema es claro: ¿votar o no votar? En este sentido, suscribo la idea de numerosos abogados y analistas independientes que han alzado la voz en favor de enviar un mensaje inequívoco de repudio, a la vez de sumarse al esfuerzo para no convalidar una farsa que se aproxima amenazante sobre la democracia mexicana.
La reforma al Poder Judicial es un fraude en toda forma; de principio a fin, y representa, como se ha repetido una y otra vez, un asalto frontal a uno de los poderes de la unión.