El Instituto Politécnico Nacional es concesionario de Canal Once, la televisora pública más emblemática desde 1959, pero por errores administrativos de sus funcionarios, en concreto de su actual director, Carlos Brito Lavalle, la concesión de TV les fue retirada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el 31 de diciembre de 2021.
¿En qué se equivocó el directivo de Canal Once? El IFT había decidido otorgar la renovación de la concesión por 15 años, pero ni el Canal Once ni el Instituto Politécnico Nacional (IPN) manifestaron al regulador mexicano de la radiodifusión y la TV que aceptaban las nuevas condiciones y, por ende, la perdieron. Las condiciones que le pedían eran sólo firmar, pues al ser una TV pública, no implica pago alguno. Esto está asentado en el registro público de telecomunicaciones del IFT y la concesión de TV se les venció en diciembre del 2021.
Cuando la concesión de Canal Once se vence, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdG) -un abogado con especialidad en derecho administrativo de nombre Ricardo Villanueva-, decidió pedir la frecuencia del Poli en la CDMX para su universidad.
Su idea era enlazar el canal de TV que tienen en Guadalajara, el Canal 44, a la nueva frecuencia, la de Canal Once, disponible en la CDMX. Y, con ello, ganar la audiencia de la zona metropolitana de la capital del país y, de paso, tumbarle un canal -que se ha vuelto oficialista- a la 4T. Era un golpe mediático bien pensado para hacer avanzar la agenda de la UdG en otras zonas del país.
Cuando en el IFT se enteran de que Canal Once había perdido la frecuencia –y que la UdG había ingresado una solicitud para tomarles el canal- y, dado que el Canal Once es parte del Sistema de medios públicos del Gobierno Federal, que coordina Jenaro Villamil, les avisan que están por perderlo. Con lo que, alertados los de Canal Once presentan, el mismo día que la UdG (19 de septiembre del 2022), una solicitud para recuperar la frecuencia que ya habían perdido.
Con ambas solicitudes ingresadas –la del UdeG y la del IPN-, el IFT se inclina, en marzo de este año, a favor del IPN con la interpretación de que había que “garantizar” frecuencias para el Ejecutivo Federal, pero ojo, el IPN no es parte del Ejecutivo Federal (es un desconcentrado de la SEP) y no analizaron el hecho de que el IPN y Canal Once habían perdido, por descuido, su frecuencia de TV.
Así, si bien el IFT le ayudó a Canal Once a recuperar la frecuencia perdida, la realidad es que alguien debe de responder cómo se permitió operar un canal de TV en la CDMX, sin licencia, desde el 1º de enero del 2022 al 30 de marzo del 2023. Tuvimos pues un “canal pirata” de TV, operando en la CDMX, durante 15 meses. Algo nunca antes visto.
Por negligencias como estas, en algunas entidades, los directivos de canales públicos han ido a la cárcel. Pero también, el perder o usar concesiones federales sin autorización, según la Ley General de Bienes Nacionales, es motivo de dos a doce años de cárcel.
No es menor lo sucedido con Canal Once. Si no cuidan su concesión que les permite operar, mucho menos cuidan sus contenidos, mismos que han perdido audiencia. Es una lástima que lo que fuera el canal de TV publica más visto haya acabado como un “canal pirata” y que, de no ser por los buenos oficios del IFT, no hubiera recuperado su concesión. Y, finalmente, la UdeG se quedó con las ganas de estar presente en la CDMX.
