Donald Trump está muy enojado con los jueces norteamericanos que le han jugado chueco en los planes supremacistas que ha tenido su agenda de gobierno. Lo más reciente: impuestos a las remesas, qué tras ser aprobados en la Cámara de Representantes y ahora encontrarse en debate en el Senado estadounidense, fueron suspendidos temporalmente por un tribunal de comercio y restituidos hasta que un tribunal de apelación lo ordenó.
El argumento del tribunal de comercio qué suspendió la medida por un día era que el presidente se había excedido en su autoridad al imponerlos, pero la orden del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington fue una restitución inmediata mientras que el proyecto completo se discute todavía, es decir, que el fondo del asunto aun no se resuelve, pero Trump ya piensa en estrategias políticas -más que jurídicas - para lograr un poder judicial afín a sus planes.
Así, el primer grupo de nominados judiciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca, está programado para comparecer ante una comisión del Senado estadounidense.
5 de los 11 nominados judiciales que Trump ha anunciado hasta ahora comparecerán el miércoles ante el Comité Judicial del Senado, liderado por los republicanos, el cual evaluará si recomienda su aprobación por parte del Senado en pleno. Todos estos nominados tienen credenciales conservadoras que, según sus partidarios, ayudarán a Trump a inclinar aún más el equilibrio ideológico del poder judicial hacia la derecha, después de realizar 234 nombramientos en su primer mandato, una cifra cercana al récord para los primeros cuatro años de un presidente.
Entre los nombramientos del primer mandato de Trump se incluyen tres miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, que desde que obtuvo una mayoría conservadora de 6-3 ha restringido los derechos al aborto, rechazado las políticas de acción afirmativa en las universidades y limitado el poder de las agencias administrativas.
El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, declaró que Trump está comprometido con “restaurar la integridad del sistema judicial, lo cual comienza con nombrar jueces que prioricen a Estados Unidos, no a políticos no electos con toga”. Entre los nominados del miércoles se encuentra Whitney Hermandorfer, quien como abogada al servicio del fiscal general republicano de Tennessee ha defendido la prohibición estatal del aborto y ha impugnado las protecciones federales para jóvenes transgénero.
En realidad, lo curioso es que la Corte norteamericana es una de las más politizadas del mundo y la molestia de Donald Trump no es precisamente que sus integrantes sean políticos no electos, sino que sus posicionamientos progresistas amenacen los ideales que tiene vinculados al ultraconservadurismo, así que en realidad, mientras se trate de juristas que apoyen sus decisiones políticas, lejos de apagarse al derecho o a su militancia ideológica, Trump estará conforme.
¿Coincidencia o síntoma de la decadencia de las democracias?
Entre los nominados se encuentra Joshua Divine, procurador general de Misuri, quien impugnó los esfuerzos del expresidente demócrata Joe Biden para condonar préstamos estudiantiles y ha defendido restricciones al aborto y a la atención médica para personas transgénero.
Recordemos que en el antiguo mandato de Trump, el activista conservador Leonard Leo, de la Sociedad Federalista, fue quien asesoró a Trump en los nombramientos judiciales, de quien ahora dice estar “muy decepcionado” por los malos consejos que le dieron en numerosas nominaciones judiciales después de que en el panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. hubiera un juez nombrado por el mismo Trump, y fuese quien bloqueara la mayoría de sus aranceles.
Como en algún momento López Obrador acusó a la Corte qué aun con ministras y ministros nombrados por el, declararan la invalidez de sus propuestas de ley, hoy Donald Trump no perdona que algunos de sus nominados priorizaran el derecho frente a la lealtad.
Por eso sus voceros, funcionarios de la Casa Blanca, denuncian a esos que forman parte de un “golpe judicial”, integrado por todos jueces que han bloqueado sus políticas.
Bove, un funcionario del Departamento de Justicia que anteriormente fue abogado defensor de Trump en el juicio penal de Nueva York por el pago de dinero en secreto a una estrella porno, fue nominado la semana pasada para integrarse al Tribunal de Apelaciones del 3º Circuito de EE. UU., con sede en Filadelfia.
El dilema para los nominados y recién juzgados será el empeño de su criterio legal y trayectoria de vida por ocupar un lugar que trae consigna de obediencia y apoyo, sin importar que las medidas de Trump sean ilegales o inconstitucionales.
Tal vez ese será el peor karma para México: que dando el ejemplo para dominar al poder judicial, frente a Estados Unidos, le toca ser el débil y aquellos que podían imponer, mediante el d, restricciones a las medidas extremas de Trump ahora deberán resolver por afinidad, aunque esas medidas sean injustas y lesivas para los compatriotas migrantes mexicanos. Prácticamente esa será la nueva realidad: ninguna jurisdicción norteamericana será favorable con nuestro país, ni porque el derecho o la ley o la dignidad y humanidad más básica esté de nuestro lado.
Touché.
X: @ifridaita