Una de las partes centrales del debate de la reforma energética se ubica en la generación de energía renovable, sobre todo eólica y solar, que sirven como sustento técnico y jurídico para que las empresas como Iberdrola vendan energía a los consorcios industriales. Pero hay un aspecto legal y material que también formó parte medular del proceso utilizado por las empresas de energía, sin el cual no hubieran podido instrumentar todo el entramado energético que se pretende reformar, me refiero a la posesión de grandes extensiones de tierra para las instalaciones de sus plantas de producción.

Quien tenía esas extensiones de tierra eran los ejidos mexicanos. Pero la posibilidad de usar, vender o modificar el uso de las tierras ejidales no es un proceso fácil (a pesar de la reforma agraria de Salinas de Gortari), pues se tiene que cumplir una serie de requisitos legales de los contratos, asambleas ejidales, con la participación y autorización de autoridades agrarias como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y los Tribunales Agrarios.

Fueron muchas las batallas legales que se llevaron a cabo en el país, en regiones como el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca o Sonora, pues estas empresas antes de ponerse a vender energía tuvieron que echar a andar una gran maquinaria legal para hacerse de las tierras en donde se desarrollaría su proyecto. La forma de legitimar los contratos, independientemente de si hubo impugnación o no, tuvo que ser sancionada por los Tribunales Agrarios.

Así que, otro de los aspectos que debe ser revisado de la reforma energética son los contratos, asambleas y compra ventas llevadas a cabo por estas autoridades agrarias, pues allí se observará la manera en que se legitimaron las acciones legales que formaron los cimientos de la reforma energética.

El sector agrario, en especial los tribunales agrarios, siguen siendo tribunales administrativos, no han tenido mayor transformación desde su creación, no forman parte del Poder Judicial, ni de la Judicatura Federal, y si bien hay buenos juzgadores agrarios, es necesaria una revisión integral de la justicia agraria como parte de los procesos de rendición de cuentas y transformación del país.

*Mtro. Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en Derecho por la UNAM. Abogado postulante.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu en Twitter: @riclandero