LA POLÍTICA ES DE BRONCE
La masacre de San Bartolo de Berrios, en la que siete jóvenes —entre ellos varios menores de edad— fueron asesinados la madrugada del 19 de mayo en San Bartolo de Berrios, municipio de San Felipe, Guanajuato, dejó una escena de horror en la plaza principal de ese pueblo donde, al parecer, la vida no vale nada. El ataque, presuntamente perpetrado por miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, es uno más en una larga lista de crímenes atroces.
Desde hace tiempo sigo el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con datos de las fiscalías estatales, referente a homicidios diarios en el país. Durante varios meses —diría años— Guanajuato aparecía cotidianamente en el primer lugar de esta terrible contabilidad. A partir de marzo, cuando se hizo pública una colaboración más estrecha entre autoridades federales y estatales, se notó una disminución notable en el número de homicidios en la entidad, siendo rebasada lamentablemente por estados como Sinaloa, Tabasco, Jalisco y el Estado de México.
Esta masacre llama la atención por tres aspectos. Primero, porque se produce justo cuando se registraba una baja sostenida en el número de homicidios en Guanajuato, lo cual indica que podría tratarse de una reacción desesperada de los grupos criminales en la entidad.
Segundo, porque ocurrió en un poblado relativamente lejano al área de acción principal del Cártel de Santa Rosa de Lima, presuntos responsables de este crimen. Lo que sugeriría un desplazamiento de los grupos delictivos fuera de sus zonas tradicionales, como resultado de la acción conjunta de las fuerzas de seguridad.
Tercero, porque esta masacre no sucedió en un bar, un palenque, un restaurante o algún establecimiento donde pudiera presumirse consumo o distribución de drogas, sino al término de una conmemoración del Día de las Madres organizada por la iglesia. Esta circunstancia, más allá de teorías conspirativas o explicaciones simplistas, implica un mensaje directo a las autoridades: sembrar terror. Más aún, cuando no se trata de un hecho aislado. El domingo 16 de marzo, en el municipio de Salamanca, también en Guanajuato, ocho jóvenes de un grupo católico fueron asesinados al finalizar un servicio religioso.
La exigencia de justicia por parte del Episcopado Mexicano ha sido contundente en ambos casos. Hasta el momento de escribir estas líneas, la gobernadora de Guanajuato no ha fijado una posición clara sobre lo ocurrido, mucho menos ha anunciado acciones concretas para identificar y capturar a los responsables.
La pregunta que flota en el ambiente es: ¿Qué debe hacer la autoridad, federal y estatal, para desmantelar definitivamente a estas organizaciones delictivas? ¿Se trata de acciones desesperadas de los delincuentes al sentirse cercados por las autoridades? ¿Estamos ante un nuevo eslabón en la cadena de violencia que padece Guanajuato y el país? Que no nos gane la indiferencia, sigamos exigiendo justicia. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.
P.D. Mientras escribo estas líneas, los medios de comunicación informan sobre el artero asesinato del coordinador de asesores y de la secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada: José Muñoz y Ximena Guzmán. Mi pésame a los familiares, amigos y colaboradores de estos servidores públicos. Me sumo a la exigencia de justicia ante estos terribles asesinatos.