La deuda pública tiene mala reputación. En este contexto, algunos opositores al gobierno de AMLO, como Marko Cortés, han acusado al Gobierno federal de mentir en el asunto de la deuda pública, pues contrario a las promesas de campaña y a las declaraciones del jefe del Estado mexicano, el país sí que ha contraído deuda pública a través del Gobierno federal.

El mundo desarrollado está endeudado. Échese un vistazo al promedio de endeudamiento público de los países de la OCDE, y en particular, casos dramáticos en países como Japón. Mexico, por su parte, superará hacia 2024 el umbral del 60 por ciento del PIB, lo cual no es deseable, pero en casos, pertinente.

De acuerdo con información del Banco Mundial -colgada en su página web- México ha pactado proyectos de infraestructura con esta organización internacional, en temas relacionados con la industria agropecuaria, sistemas digitales de identidad, inclusión financiera, eficiencia energética, sistemas de protección social, entre otros; muchos de ellos pactados y coordinados por dependencias del Gobierno federal durante la presente administración y con montos totales que superan los 3 mil millones de dólares.

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En este tenor, es necesario poner el acento en el hecho de que la deuda pública no es perjudicial por sí misma ni por definición; a reserva de que esté dirigida a proyectos pertinentes de infraestructura que potencien el desarrollo del país en cada una de las asignaturas.

Desafortunadamente, si bien los proyectos suelen ser diseñados por competentes funcionarios de mediano o alto nivel, tanto del lado de los gobiernos como del Banco Mundial u otros organismo de financiamiento, los recursos versados suelen ser mal utilizados, pues las burocracias y los complejos entresijos y reglamentos de los ministerios restan eficiencia al momento de su implementación.

El caso de México no es la excepción. La compleja estructura de recepción y administración de los recursos, sumado a lo dispuesto en la Ley, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda obstaculiza el buen desarrollo de los proyectos.

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Por tanto, los mexicanos no debemos exigir a AMLO que no endeude al Estado, sino que sean proyectos viables, seriamente elaborados y que abonen en el mediano plazo al interés general y a la solución de las problemáticas coyunturales. De igual manera, el presidente debe hablar con la verdad y justificar, a través de los titulares del ramo, la naturaleza y objetivo de los proyectos financiados.

José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4