¿Cuánto dinero puede acumularse para indebidamente para obtener una sentencia de este tamaño?
Este 22 de mayo, desde una audiencia virtual en la Corte del Condado de Miami, Florida, la jueza Lisa Walsh firmó una de las sentencias económicas más contundentes en la historia reciente contra un exfuncionario mexicano por corrupción: Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, deberá pagar 748 millones 829 mil 676 dólares al Estado mexicano. Su esposa, Linda Cristina Pereyra, fue sentenciada a pagar mil 740 millones 25 mil 540 dólares. En total: 2 mil 488 millones de dólares.
Una suma tan brutal como el esquema de saqueo que representa.
Felipe Calderón debería dar explicaciones recordado que tras su experiencia presidencial asegura que no hay nada que hagan los subalternos que le pueda ser ajeno al titular del ejecutivo.
La sentencia responde a una demanda civil interpuesta en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en la que se denunció el uso de al menos 30 empresas para lavar dinero proveniente de contratos opacos celebrados con dependencias del gobierno mexicano. Empresas fachada, prestanombres, propiedades de lujo, automóviles deportivos, embarcaciones y cuentas bancarias, con las que tejieron la red con la que García Luna y sus socios -los Weinberg, los Niembro, NUNVAV y GLAC- drenaron recursos públicos, mientras el país enfrentaba una guerra fallida contra el narcotráfico.
Desde un Ferrari F430 Spider hasta un Rolls Royce Ghost, pasando por un Lamborghini Huracán y dos Harley-Davidson, los bienes adquiridos con dinero sucio reflejan una obscena ostentación y una traición al servicio público. No sólo por el enriquecimiento ilícito, sino por el cinismo de haberse aprovechado de su posición como encargado de la seguridad nacional para amasar una fortuna mientras México se desangraba.
Peor... A costa de vidas y de carencia en que fueron sumidos millones de personas como efecto de la violencia.
Con la nota, el abogado Carlos A. Acevedo, representante de la UIF, aclaró que ni García Luna ni su esposa respondieron a la demanda. Ella incluso abandonó el caso tras haber nombrado brevemente a un defensor. Este silencio fue leído por la jueza como una admisión tácita de culpa, lo que derivó en una sentencia sin necesidad de juicio.
El precio de la impunidad no es sólo económico, es histórico. Es social, es desgaste y la certeza de que si algo sucede, no será en nuestros tribunales. La crítica es que México abandone su soberanía en materia de justicia para presumir condenas que son dictadas el Estados Unidos. Aquello habla muy mal de nuestro sistema que a pesar de contar con instituciones como la propia Unidad de Inteligencia Financiera, así como con sistemas anti corrupción, ni todas las fiscalías juntas ni los trabajos de seguimiento al lavado de dinero son suficientes para que México le haga justicia a su propio pueblo.
García Luna ya cumple una condena de casi 39 años en la penitenciaría del condado de Lee, Virginia, tras ser hallado culpable en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. Pero esta nueva resolución confirma que el saqueo no se detuvo cuando dejó el cargo: continuó, se sofisticó y se extendió a través de estructuras financieras diseñadas para ocultar su origen ilícito.
Es importante entender que la naturaleza de esta demanda es civil y tendría que traducirse en embargos si es que no paga.
La UIF ha recuperado, hasta ahora, poco más de 2.8 millones de dólares, incluyendo propiedades como un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares y una hipoteca vencida por 275 mil dólares. Pero esto representa apenas una gota de agua frente a la magnitud del daño, algo mínimo y nada representativo.
Lo que es un hecho es que hay varios argumentos que se caen solos en aquellos que acusan al gobierno actual de cometer desfalcos para otorgar programas sociales. Aquellos que reclaman y sostienen que “el dinero se les acabó “. Creo por un lado, que a esa presidencia panista el dinero nunca se le acabó pues entre triangulaciones con empresas y financiamiento del narco, dinero era lo que fluía.
Y aquí surge la pregunta de fondo:
¿Qué le debe el Estado mexicano a la ciudadanía para permitir que algo así ocurriera durante tanto tiempo sin consecuencias?
Porque García Luna no operó solo, y porque su red fue funcional bajo el amparo de estructuras de poder que hoy siguen evadiendo responsabilidades. La UIF podrá recuperar algunos bienes, pero el verdadero reto está en la reconstrucción ética y blindaje financiero de las instituciones para garantizar que nunca más un funcionario pueda convertir su cargo en una empresa criminal sin vigilancia, sin frenos y sin justicia oportuna.
La sentencia de la Corte de Miami es un triunfo, sí, pero también un espejo. Nos obliga a mirar el tamaño del saqueo, pero también el tamaño de la complicidad que lo permitió... Y pensar que el enojo de los blanquiazules es que el recurso público hoy llegue a millones en tarjetas mientras guardan sumiso silencio de sus copartidarios, anhelando poder acceder a lo mismo algún día y cubriendo sus cuentas por las travesuras inmobiliarias que han librado.
Si la justicia tarda décadas en llegar, la reparación nunca es completa.
X: @ifridaita