El homicidio de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la CDMX, y de José Muñoz, su coordinador de Asesores, quien además era enlace para temas de seguridad con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos pesó mucho a todos los habitantes de la CDMX. Nos pasmó por lo profesional y frío que fue el homicidio de estos dos jóvenes funcionarios que estaban dándose “aventón” en un modesto coche para ir al trabajo.
La austeridad que implementó López Obrador en perjuicio de la población y de los funcionarios públicos en México ha dañado severamente el andamiaje institucional del país: les recortaron salarios, todo tipo de prestaciones como seguros de gastos médicos privados, el de separación individualizada y el fondo de ahorro, y hasta celulares en muchos casos. Incluso a los elementos que ven temas sensibles les quitaron el bono de pago por riesgo. Un rubro donde también hubo recortes es en el de la protección que tenían algunos servidores públicos, como vehículos blindados y escoltas. Éstos prácticamente desaparecieron, salvo en casos de alto rango dedicados a asuntos de estricta seguridad.
Los asesinatos ocurridos el día de ayer evidencian una austeridad mal entendida en alto riesgo a funcionarios públicos comprometidos con su ciudad y con el país. Es inconcebible que la más cercana colaboradora de la jefa de Gobierno y su jefe de asesores, repito, que sí veía temas de seguridad, no hayan tenido elementos mínimos de seguridad como si quiera un coche blindado. Es más, parecería que la secretaria particular ni vehículo institucional tenía.
Pero también hemos visto que la mala austeridad afectó al Centro de Control y Videovigilancia (C5) de la CDMX. La cámara que estaba instalada en Calzada de Tlalpan y Napoleón, donde fue el doble asesinato, no funcionaba. Esta cámara, según fuentes informadas, era una de tipo doméstico y no las de alta resolución (llamadas de uso crítico) que se debieron de haber instalado.
Todo el país. incluida la CDMX, está enfrentando una batalla contra varias facciones del crimen organizado y en la capital del país para no irnos más lejos han atentado contra varios funcionarios en los meses recientes.
En la CDMX sí hay protección para los niveles más elevados de la Fiscalía de la CDMX y de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, bueno, incluso los jefes de cada uno de los 73 sectores de la policía capitalina tienen escolta, pero a todas luces es un error que los funcionarios clave del gobierno de la ciudad no tengan escolta y por esto no sólo me refiero al entorno más cercano a la jefa de Gobierno, sino también al resto de sus secretarios, quienes no cuentan con ningún apoyo institucional. Si así es con ellos, ¿qué se puede esperar de nosotros como población? Estamos desprotegidos.
El Estado mexicano debe repensar los apoyos institucionales y, sobre todo, los de seguridad que da a sus funcionarios clave, no solo porque estas muertes afectan el ánimo ciudadano, sino porque hay intereses que claramente quieren sobreponérsele a los gobiernos democráticamente electos, intereses probablemente criminales y eso no lo podemos permitir.
Es trágico el asesinato de dos jóvenes servidores públicos. Ya de menos que su muerte no sea en vano y que el resto de los funcionarios públicos de la CDMX e incluso de la federación empiecen a contar con respaldo institucional para cumplir con su delicada labor y no estar a expensas de gatilleros a sueldo.